El Ministerio de Seguridad implementará tecnología para detectar y anular celulares dentro de cárceles, con el objetivo de frenar estafas y delitos coordinados desde prisión.
El Gobierno nacional autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear celulares dentro de cárceles federales, en una medida orientada a frenar delitos que se siguen coordinando desde el interior de los penales. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial.
La iniciativa surge en un contexto donde el uso ilegal de teléfonos en prisión se convirtió en una herramienta clave para organizaciones delictivas. Investigaciones judiciales recientes expusieron cómo detenidos lograban operar verdaderos “call centers” desde las cárceles, llevando adelante estafas telefónicas, amenazas e incluso coordinando robos.
Frente a este escenario, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dispuso que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) avance con la implementación de sistemas capaces de identificar dispositivos móviles activos dentro de los establecimientos y bloquear su funcionamiento de manera selectiva.
A diferencia de los antiguos inhibidores de señal, que generaban interferencias en zonas aledañas a las cárceles, la nueva tecnología apunta a una intervención más precisa. El objetivo es detectar los celulares en uso dentro de los penales y anularlos sin afectar la conectividad fuera de los muros, uno de los principales problemas de los sistemas anteriores.
La Ley 24.660 permite a las personas privadas de la libertad comunicarse con familiares, abogados y allegados, pero prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares. En ese marco, el Estado busca reforzar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa.
Hasta ahora, los intentos por erradicar el uso de celulares en cárceles habían tenido resultados limitados. Si bien los operativos de requisa suelen derivar en el secuestro de dispositivos, el problema persistía debido a la facilidad con la que estos volvían a ingresar y a la falta de herramientas tecnológicas eficaces para neutralizarlos en tiempo real.
La resolución también contempla la compra, instalación y mantenimiento de los equipos, además de la aprobación de un manual específico que establece los procedimientos para la detección y bloqueo de IMEI e IMSI dentro de los penales. Este protocolo técnico será clave para la implementación del sistema.
Javier Milei junto a Patricia Bullrich y su sucesora en el ministerio, Alejandra Monteoliva.
Si bien la aplicación no será inmediata, se trata de un paso estructural para recuperar el control dentro de los establecimientos penitenciarios y cortar uno de los principales canales que hoy utilizan las organizaciones criminales para seguir operando desde prisión.
