El Gobierno de Javier Milei decidió realizar una exhaustiva auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría resultar en la eliminación de entre 120,000 y 160,000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida busca corregir irregularidades en la concesión de estas pensiones y asegurar que solo quienes realmente lo necesitan continúen recibiendo apoyo del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició un proceso de auditoría que abarca a aproximadamente 400,000 beneficiarios de estas pensiones. Las auditorías comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se están extendiendo a la provincia de Buenos Aires y a otras regiones del país.
De acuerdo con estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto implica que entre 120,000 y 160,000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.










