El Gobierno de Javier Milei decidió realizar una exhaustiva auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría resultar en la eliminación de entre 120,000 y 160,000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida busca corregir irregularidades en la concesión de estas pensiones y asegurar que solo quienes realmente lo necesitan continúen recibiendo apoyo del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició un proceso de auditoría que abarca a aproximadamente 400,000 beneficiarios de estas pensiones. Las auditorías comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se están extendiendo a la provincia de Buenos Aires y a otras regiones del país.
De acuerdo con estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto implica que entre 120,000 y 160,000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.
Criterios de suspensión
Las suspensiones se basan en la identificación de irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones durante gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2,559 casos mostró que sólo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que impulsó la intensificación de las auditorías. Algunas de las irregularidades detectadas incluyen:
- Documentación médica falsificada: Presentación de certificados médicos falsos.
- Uso de radiografías duplicadas: Utilización de la misma radiografía en múltiples expedientes.
- Falta de condiciones de invalidez: Personas que recibieron pensiones sin cumplir con las condiciones de invalidez laboral.
Además, se encontraron incompatibilidades en aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas, tales como la posesión de bienes no declarados, empleo formal, o condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
¿Quiénes serán afectados por la auditoría?
Los más afectados por esta medida serán aquellos que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente.
Los beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, aquellos que poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, aviones, o embarcaciones), o quienes tienen un empleo formal, son los principales candidatos a perder este beneficio. También se están revisando los casos donde la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, incluyendo casos en los que se han usado radiografías de animales para obtener pensiones.
Montos y requisitos para acceder a las pensiones
Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- No recibir otros ingresos del Estado.
- No tener empleo formal.
- Contar con ingresos insuficientes.
- Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país.
- No estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario.
El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157,878, con un aumento previsto a $164,240 en septiembre, tras un incremento del 4.03% en las jubilaciones.
Proceso de revisión y consecuencias legales
El proceso de auditoría comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. Paralelamente a estas auditorías, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La Agencia Nacional de Discapacidad, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Justicia, busca depurar el sistema de pensiones y responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.
Diego Spagnuolo, director de la ANDIS, enfatizó que estas auditorías no están destinadas a perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino a eliminar aquellos casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.
Esta medida refleja el compromiso del gobierno de Javier Milei por mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos públicos, asegurando que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.
