El presidente Javier Milei está decidido a mantener el equilibrio fiscal como prioridad de su gestión, aunque esto implique asumir costos políticos. Milei no dudará en tomar decisiones firmes para preservar el superávit, que considera esencial para la estabilidad económica del país. Sin embargo, un nuevo proyecto en el Congreso podría poner en riesgo este objetivo.
Proyecto de Financiamiento Educativo Universitario en el Senado
Aunque aún no hay una convocatoria oficial para sesionar en el Senado, la oposición confía en que el próximo miércoles se votará el proyecto de Financiamiento Educativo Universitario, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Si el Senado aprueba la iniciativa, se convertirá en ley una medida impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR) que busca ajustar el presupuesto universitario de 2024 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El proyecto también incluye una disposición para que el Poder Ejecutivo “recomponga los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” desde diciembre hasta la sanción de la ley, tomando como referencia “la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período”.
Preocupación en el Gobierno por el impacto fiscal
En la Casa Rosada, consideran que el proyecto podría afectar las cuentas del Estado, ya que implicaría un gasto no previsto equivalente al 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa aproximadamente el 6% del presupuesto actual. Debido a esto, las autoridades nacionales buscan evitar que el proyecto sea discutido y dudan que se convoque a una sesión especial sobre este tema. Sin embargo, si se vota y se aprueba, Milei ha anticipado que “vetará la norma si no se puede financiar”, como hizo recientemente con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso.
El veto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, firmado el viernes pasado por el presidente tras una reunión con legisladores de la oposición, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. En el decreto, Milei argumentó que la medida era “violatoria del marco jurídico vigente, ya que no contemplaba el impacto fiscal ni determinaba la fuente de su financiamiento”. Este mismo argumento es utilizado por el Gobierno para criticar el proyecto de la UCR sobre financiamiento universitario, ya que tampoco especifica de dónde provendrán los fondos para cubrir estos gastos adicionales.
Proyecciones económicas y prioridades del gobierno
La discusión en torno al financiamiento educativo universitario ocurre a solo 15 días de que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo, presente ante el Congreso el presupuesto de gastos y recursos para 2025. Milei ya ha señalado que este presupuesto se basará en el principio de “déficit fiscal cero”.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, afirmó que, aunque se está de acuerdo en mejorar los salarios de los docentes universitarios, es fundamental que las partidas destinadas a la inversión educativa se basen en recursos reales que ingresen al Estado. Según Torrendell, estas partidas deben estar en consonancia con una administración eficiente y con cuentas públicas ordenadas, para poder recomponer los salarios en la medida de las posibilidades.
A finales de abril, la falta de recursos para las 36 universidades nacionales llevó a una marcha federal en la Plaza de Mayo. En la movilización participaron figuras como el kirchnerista Martín Lousteau y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.
Lousteau ha expresado recientemente su deseo de que el Senado trate esta semana tanto el financiamiento universitario como otros temas pendientes, incluyendo el DNU sobre los fondos reservados de la SIDE y la boleta única.
