El Gobierno de Javier Milei desplegará al Ejército Argentino en las fronteras del país como un refuerzo a las operaciones realizadas por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), el cuerpo encargado de la seguridad y custodia en estas áreas estratégicas.
Esta decisión tiene como principal objetivo "asegurar la seguridad, la vigilancia y el control de los cruces" fronterizos, especialmente en un contexto en el que la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos transnacionales se intensificó.
La medida es parte de una serie de acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad y de Defensa, que buscan prevenir y combatir estos flagelos que afectan negativamente a la sociedad argentina.
El Gobierno de Milei se propuso modificar la legislación vigente mediante el decreto 253/2018, lo que permitirá la participación activa de las Fuerzas Armadas en estas operaciones de seguridad.
Este decreto establece que "las áreas de seguridad fronteriza son franjas de territorio adyacentes a los límites internacionales donde el Estado es responsable de coordinar políticas de seguridad y defensa".
Esta inclusión de las fuerzas militares en tareas de seguridad interna marca un cambio determinante en la estrategia del gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea el crimen organizado en las fronteras.
Según el sitio especializado en defensa Radar Austral, la modificación del decreto 253/2018 es clave para permitir el despliegue efectivo de las fuerzas terrestres del Ejército en las zonas fronterizas.
Este decreto es una herramienta legal que le otorga al Estado la responsabilidad de coordinar acciones de seguridad en las áreas adyacentes a las fronteras, algo que no solo es vital para la seguridad nacional, sino también para la protección de los ciudadanos argentinos que habitan en esas regiones.
La creación de la Zona de Seguridad de Fronteras se basa en la ley Nº 15.385/44 y su posterior reforma, que fue documentada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 27 de marzo de 2018. Esta normativa establece un marco legal para la gestión de la seguridad en las fronteras, permitiendo al Estado implementar políticas adecuadas para enfrentar las amenazas que surgen en estos territorios.
Dentro de esta estructura, la Secretaría de Fronteras, que forma parte del Ministerio de Seguridad nacional, es la entidad responsable de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
Esta comisión tiene la tarea de revisar y presentar un informe sobre el alcance geográfico de la Zona de Seguridad de Fronteras, como fue definido en el Decreto Nº 887/94. Esta revisión es esencial para adaptar las estrategias de seguridad a las realidades cambiantes de las fronteras.
Además, en el marco de esta reorganización, se estableció que los 14 centros fronterizos estarán bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, mientras que los 146 pasos internacionales quedarán bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad.
Esta coordinación se llevará a cabo a través de la Subsecretaría de Vigilancia de Control y Frontera, que tendrá la misión de supervisar y garantizar la efectividad de las acciones realizadas en estas áreas.
Es importante destacar que, aunque los centros fronterizos estarán dirigidos por un mando civil, cada uno contará con un coordinador zonal intersectorial de la Gendarmería Nacional, quien trabajará en estrecha colaboración con la dirección civil.
En un contexto donde la seguridad es un tema central para la administración de Javier Milei, esta medida representa un paso importante hacia la mejora de la vigilancia y control en las zonas limítrofes del país.
