Horacio Cruz Castro, líder de los cañeros bermejeños, fue acusado en varias ocasiones en los últimos años por miembros de la comunidad Tape Iguapegui de amenazar con un machete a la cacique de El Trementinal, Natalí Vásquez.
Por si fuera poco, también habría incitado a su grupo de seguidores a apuntar armas contra mujeres, hombres y niños del pueblo ava guaraní.
En 2021, inició acciones legales en Bolivia contra integrantes de dicha comunidad originaria de Salta, alegando una supuesta "perturbación" en la propiedad que reclama sobre El Trementinal.
Por este motivo, Salta enfrenta una crisis en su frontera con Bolivia, donde el pueblo ava guaraní y los productores de la región del río Grande de Tarija denuncian el abandono por parte del Estado argentino.
La falta de controles permitió la invasión de tierras salteñas, junto con el desmonte y contrabando, que crecieron sin una respuesta efectiva de las autoridades.
Sin embargo, luego de enterarse de esta noticia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó al respecto en X, anunciando el envío de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a aquel territorio para analizar la situación y tomar medidas en caso de ser necesario.
"Mandaré a la Gendarmería Nacional a comprobar si esto está pasando.", expresó la ministra, en respuesta a la noticia sobre la presunta invasión boliviana.
Recientemente, se presentó una denuncia sobre la tala ilegal de 2.500 hectáreas de selva ribereña en General Mosconi.
Desde esta zona se contrabandean aproximadamente 150.000 toneladas de caña de azúcar hacia Bolivia, lo que refleja la gravedad de la ocupación ilegal en esta parte de Salta.
Los miembros de la comunidad ava guaraní, organizados en Tape Iguapegui, habían manifestado su preocupación por la inacción de las autoridades provinciales.
Advierten que, si no se actúa de inmediato, las plantaciones de caña de azúcar en áreas como El Trementinal y Chuscal quedarán totalmente destruidas. Esta situación era crítica, ya que la falta de acción de las fuerzas de seguridad dejaba a la población expuesta frente a las redes de contrabando.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia reconoció la invasión de tierras argentinas y ha desmentido las afirmaciones de un usurpador que se autoproclama dueño de una isla inexistente en territorio boliviano.
Documentos oficiales confirman que el terreno que reclama no tiene ningún registro, reafirmando que pertenece a Salta.
El conflicto en la frontera no es nuevo; las comunidades ava guaraní y los productores denunciaron durante décadas la retirada ilegal de los mojones que delimitan la frontera entre Argentina y Bolivia.
En 2014, operativos revelaron el contrabando y la explotación de trabajadores indocumentados, pero hoy la situación empeoró.
