El Gobierno de Javier Milei informó que, en el marco de una auditoría interna, se detectó una grave irregularidad vinculada al sistema de asistencia para personas con discapacidad.
Según los datos oficiales, cerca de 180 mil personas que figuran como fallecidas continuaban registradas como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que encendió alertas dentro de la administración libertaria y abrió la puerta a posibles acciones judiciales.
El hallazgo surgió a partir de una revisión integral realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De acuerdo con la información oficial, se identificaron puntualmente 178 mil usuarios del CUD que estaban fallecidos, pero que aún figuraban como beneficiarios de la asistencia vinculada a ese certificado. La situación fue corroborada mediante el cruce de datos con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende del Ministerio del Interior.












