El Gobierno de Javier Milei informó que, en el marco de una auditoría interna, se detectó una grave irregularidad vinculada al sistema de asistencia para personas con discapacidad.
Según los datos oficiales, cerca de 180 mil personas que figuran como fallecidas continuaban registradas como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que encendió alertas dentro de la administración libertaria y abrió la puerta a posibles acciones judiciales.
El hallazgo surgió a partir de una revisión integral realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De acuerdo con la información oficial, se identificaron puntualmente 178 mil usuarios del CUD que estaban fallecidos, pero que aún figuraban como beneficiarios de la asistencia vinculada a ese certificado. La situación fue corroborada mediante el cruce de datos con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende del Ministerio del Interior.
La detección de estas irregularidades se produjo durante el proceso de auditoría al que fue sometida la ANDIS tras cambios recientes en su conducción. El interventor Alejandro Vilches, sanitarista designado para reemplazar al exfuncionario Diego Spagnuolo, fue quien encabezó el proceso de revisión que permitió identificar los casos observados. Tras confirmar las inconsistencias, Vilches autorizó la baja de los certificados que correspondían a personas fallecidas.
En paralelo, dentro del Gobierno se evalúan posibles medidas legales a partir de los resultados de la auditoría. En la Casa Rosada analizan la posibilidad de judicializar no solo a quienes habrían hecho uso indebido de los beneficios asociados al CUD, sino también a los prestadores involucrados en la operatoria.
