En el marco de las medidas que el Gobierno de Javier Milei viene implementando en relación con las comunidades indígenas, se oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, el cual brindaba subsidios para facilitar el "acceso a la justicia" a los grupos indígenas que buscaban quedarse con tierras argentinas.
Desde el Gobierno de Milei explicaron que es necesario "dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere", entre ellos, el mencionado programa.
La decisión fue adoptada por el titular del INAI y formalizada a través de la Resolución 8/2025, en el marco de una política orientada a revisar y optimizar el uso de los recursos estatales, en línea con el decreto 70/2023 de emergencia pública en materia económica.

El Programa de Fortalecimiento Comunitario tenía como finalidad la entrega de subsidios destinados a cubrir los costos asociados a la contratación de profesionales para la asistencia legal en litigios y asesoramiento jurídico-contable, así como también la capacitación en materia legal y la ejecución e inscripción de mensuras, con el objetivo de afianzar la posesión de tierras por parte de las comunidades indígenas.
No obstante, auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación detectaron "deficiencia y desvíos" en su implementación, incluyendo la falta de mecanismos adecuados para registrar y sistematizar datos que permitan medir el impacto real de los subsidios otorgados desde su creación. Asimismo, se concluyó que el programa no cumplió con los objetivos previstos.
En este contexto, el primer artículo establece: "Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI".









