Se enviará al Congreso un proyecto que elimina la colegiación obligatoria, los aranceles mínimos, las restricciones territoriales y la exigencia de título universitario para ejercer el corretaje inmobiliario.
Fin de la exclusividad académica: Se deroga la exigencia de título universitario impuesta por la Ley 25.028.
Apertura territorial: Se eliminan las restricciones geográficas, permitiendo a los operadores actuar en distintas jurisdicciones sin trabas burocráticas.
El ministro Sturzenegger ha sido tajante al defender esta transformación, calificando como una “aberración social” que un colegio profesional tenga la potestad de fijar precios mínimos.
Ante el avance de la libertad, los sectores que temen perder sus beneficios ya han comenzado a conspirar. El pasado 4 de junio, autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires se refugiaron en la figura del exministro y candidato derrotado, Sergio Massa, buscando respaldo político para sostener un esquema de colegiación que el Gobierno nacional considera acabado.
Complementando esta revolución económica, el oficialismo enviará la próxima semana el proyecto de Inocencia Fiscal II. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha trabajado en una versión mejorada de la ley tras dialogar con profesionales del sector para corregir los puntos críticos que limitaron su impacto inicial.
“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sentenció Caputo, confiando en el mandato legislativo ya obtenido originalmente.
El objetivo es monumental: movilizar los USD 170.000 millones que, según datos oficiales del Banco Central, se encuentran fuera del sistema, bajo los colchones de los argentinos debido a décadas de inseguridad jurídica.
El Gobierno busca que ese ahorro se convierta en inversión, financiando proyectos de infraestructura y potenciando a las pymes, en lugar de seguir perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.
Este despliegue de reformas, que será anunciado formalmente en la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrian Ravier, representa un paso decisivo hacia la normalización de una Argentina que abraza el capitalismo y la transparencia, dejando atrás el oscurantismo de la intervención estatal.
Según el funcionario, “El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”. Esta reforma tiene como objetivo final reducir los costos de construcción y facilitar, por fin, el acceso a la vivienda para todos los argentinos.
La investigación detrás del proyecto revela un dato demoledor sobre el origen de estas trabas: todas las leyes provinciales que encuadraron al corretaje como profesión liberal nacieron a partir del año 2003, apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia. Fuentes oficiales no dudan en describir a muchos de estos colegios inmobiliarios como auténticas “unidades básicas peronistas” que consolidaron un monopolio de matrículas para beneficio político.
En el marco de una ofensiva sin precedentes contra la burocracia estatal, el Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ha decidido avanzar esta misma semana con un ambicioso paquete de proyectos de desregulación. La iniciativa, diseñada meticulosamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca remover obstáculos históricos en sectores clave de la economía antes del inicio del receso de invierno.
Este plan integral no solo abarca el ámbito inmobiliario, sino que también se extiende al mercado de capitales local y al cabotaje, marcando un punto de inflexión en la recuperación de la libertad económica en la Argentina.
El corazón de esta reforma apunta a transformar radicalmente el corretaje inmobiliario, exigiendo que deje de ser considerado una profesión liberal para convertirse en lo que siempre debió ser: un servicio de intermediación comercial. Con este cambio de paradigma, el proyecto de Federico Sturzenegger contempla medidas drásticas para fomentar la competencia y reducir drásticamente los costos:
Eliminación de la colegiación obligatoria: Se termina la tiranía de la matrícula en un colegio profesional para poder operar.
Libertad de aranceles: Se suprimen los honorarios mínimos fijados por decreto, permitiendo que el precio lo defina el mercado y no un grupo de privilegiados.
