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Varias personas descansan afuera de un almacén con palets apilados y un camión estacionado en la entrada.
POLÍTICA

El Gobierno de Milei lanzó el protocolo contra bloqueos a empresas y fábricas

La norma busca prevenir acciones que puedan afectar o paralizar la producción empresarial.

Este martes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la publicación de la Resolución 901/2024, como parte del protocolo antipiquetes. Este protocolo tiene como objetivo evitar que las manifestaciones en las calles  obstaculicen el acceso a lugares de trabajo y preservar el normal funcionamiento de las empresas durante medidas de fuerza.

¿Qué establece el Protocolo de Actuación Antibloqueo?

El Protocolo de Actuación Antibloqueo tiene como finalidad proteger las actividades de las empresas ante posibles bloqueos que puedan interrumpir el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a sus instalaciones.

La norma busca prevenir acciones que puedan  afectar o paralizar la producción empresarial, protegiendo así la normal operatividad de los negocios en Argentina.

La ministra instó a los ciudadanos a denunciar bloqueos a través del número de teléfono 134, por WhatsApp al (11) 38524561, o vía correo electrónico a bloqueos@minseg.gob.ar.

Respeto al derecho a huelga y protección al trabajo

La resolución también hace referencia al derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este artículo asegura tanto el derecho de los trabajadores a llevar a cabo medidas de fuerza, como el derecho de todos los habitantes a trabajar, ejercer su industria y disponer de su propiedad sin interferencias.

El protocolo busca un balance entre ambos derechos, asegurando la libertad de comercio e industria frente a acciones que puedan afectarlos.

Colaboración con fuerzas federales

En caso de que las autoridades locales soliciten asistencia para resolver los bloqueos, la norma establece que las fuerzas policiales y de seguridad federales evaluarán la necesidad y oportunidad de intervenir.

La decisión de brindar asistencia estará bajo el análisis de la máxima autoridad de la jurisdicción correspondiente.

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