En una entrevista hace unas semanas, el ministro mencionó que había encontrado un notable “despilfarro de recursos” en el ministerio. El plan de reorganización propuesto incluye la redefinición de competencias con las provincias, con el fin de optimizar la administración y mejorar la eficacia de la atención. “Hoy el sistema de salud está quebrado y nosotros vinimos a refundarlo”, afirmó el funcionario.
Ahora, el Ministerio de Salud avanza en este plan de reconstrucción, evaluando un proyecto de ley y otras medidas para cobrar por la atención médica a los extranjeros no residentes en el país y restringir la compra de ciertos medicamentos de alto costo.
En conversación con este medio, el ministro comentó que está enfocado en los gastos estatales destinados a la asistencia de extranjeros no residentes, aspecto que agregó a lo que consideró un “despilfarro” en su área.
“Un ejemplo para evitar el gasto innecesario es la implementación de cobros a extranjeros en el sistema público argentino. Salta, Neuquén y Mendoza ya han comenzado a cobrar a los extranjeros, lo cual es parte de un cambio cultural. Aunque algunos nos critican por ser insensibles, las provincias también están comenzando a organizarse. Me alegra ver que la Provincia de Buenos Aires comience a adquirir medicamentos oncológicos y que lo anuncie. El objetivo es redefinir y priorizar las políticas de salud en cada jurisdicción”.
Salta, Mendoza y Santa Cruz ya han comenzado a poner precios por la atención médica en hospitales públicos para los extranjeros no residentes. Además, provincias como Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba están evaluando la adopción de medidas similares y han presentado proyectos de ley para su consideración en sus respectivas legislaturas.
En Mendoza, el sistema de cobro entró en vigor el 1 de agosto. En Salta, la aplicación de esta medida ha reducido considerablemente la atención a extranjeros, mientras que en Santa Cruz se espera que alivie el déficit financiero. En Jujuy, una ley de 2019 permite cobrar estos aranceles sin reciprocidad en la atención médica, aunque los acuerdos previos con Bolivia no están siendo cumplidos en la actualidad.
En relación al costo de los medicamentos caros, Russo afirmó que el sistema de salud “no explota” porque “desde Nación cubrimos los medicamentos de alto costo y las vacunas como corresponde; financiamos tratamientos costosos, como los trasplantes. Ahora, estamos entrando en una nueva etapa; el Ministerio de Salud no es una ONG benéfica, debemos actuar como un vector para ordenar el sistema con el financiamiento adecuado y con prioridades claras”.
El ministro mencionó que una serie de proyectos para su área comenzarán a impulsarse tras la implementación de la Ley Bases, aprobada el 28 de junio por el Congreso Nacional y que está siendo gradualmente reglamentada. “Después de ese período”, dijo, “presentaré mi propio paquete legislativo para profundizar los cambios en la gestión del Ministerio de Salud. Hay reformas que quiero implementar para fortalecer la descentralización, pero se necesita un marco legal adecuado. Por ejemplo, la emergencia sanitaria en Argentina, vigente por más de 20 años, vence el próximo 31 de julio. Es demasiado tiempo, es necesario levantarla y buscar una solución, así como una reforma tributaria para el sector.”
El ministro sostiene que la clave está en que la cartera nacional debe asumir un papel de rectoría y coordinar de manera centralizada, ofreciendo directrices a los departamentos de salud de cada jurisdicción. Esto requiere una “redefinición de competencias con las provincias”, implicando establecer prioridades con una perspectiva federal, ya que la agenda de salud varía según la región, ya sea en el NOA, el NEA o el centro del país.
La estrategia incluye la “refuncionalización de programas y una reducción en la estructura política”, además de la eliminación de subsidios al sector privado, con el objetivo de lograr una asignación “más eficiente de los recursos, centrada en la demanda”, es decir, en los beneficiarios. “En el sistema público no hubo control durante muchos años”, señaló.
A raíz de los nuevos controles, se destacó en julio pasado un esquema de corrupción y desvío de fondos mediante la facturación de servicios médicos falsos por unos USD 3.400 millones, según el vocero presidencial Manuel Adorni. Las irregularidades fueron detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora está bajo la supervisión del Ministerio de Salud.
La fiscalía de Guillermo Marijuán está investigando estos hechos, que incluyen una solicitud de pensión por discapacidad laboral usando la radiografía de un perro. Según la denuncia, se habrían detectado 500.000 pensiones fraudulentas y gastos discrecionales en servicios de catering, impresión de camisetas y contratación de artistas.
Russo asegura que su gestión no pondrá en riesgo la salud, pero está convencido de que es necesario optimizar los presupuestos y empoderar a las jurisdicciones. “Como lo hacen los modelos españoles y europeos con el sistema público. Lo que se busca implementar son mecanismos de control”, explicó.
Fue claro al definir su objetivo final: que el Ministerio de Salud asuma un rol similar al de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.
En las últimas semanas, Russo ha rediseñado el presupuesto de la cartera “para asegurar su funcionamiento adecuado” durante el ejercicio 2024. Las partidas ya han sido asignadas “en su totalidad, tal como se solicitó”, y se ha sumado un refuerzo de 694 mil millones de pesos en julio y 131 mil millones en junio.
