El Gobierno de Milei profundiza las reformas en la SIDE y refuerza la contrainteligencia

Uno de los ejes centrales es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este espacio permitirá compartir información estratégica entre los distintos organismos especializados del Estado, incorporando saberes sectoriales clave —económicos, tecnológicos, sanitarios, financieros y comunicacionales— al análisis nacional.

En paralelo, se establece una Comunidad Informativa, integrada por organismos estatales que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán datos relevantes para ampliar la base de información estratégica del Estado.

Otro punto clave es la separación clara entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Mientras la ciberseguridad quedará enfocada en la protección de redes, sistemas y activos críticos —con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad en el ámbito de la Jefatura de Gabinete—, la ciberinteligencia se concentrará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio. Esta distinción busca mayor transparencia, cooperación internacional y acceso a financiamiento específico.

La reforma también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a dedicarse exclusivamente a tareas de contrainteligencia, evitando cualquier superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad. En ese marco, se explicita legalmente que la contrainteligencia tiene un carácter preventivo y se orienta a detectar espionaje, sabotaje e injerencia extranjera, incluyendo nuevas formas de influencia tecnológica y cognitiva.

En materia de defensa, el DNU elimina una superposición histórica: se disuelve la DNIEM y la producción de inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto, fortaleciendo el enfoque conjunto y la articulación con el sistema nacional de inteligencia.

Asimismo, se habilita formalmente que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, sin confundir funciones, para optimizar recursos como sensores, plataformas y medios técnicos.

Finalmente, se refuerzan los mecanismos de control interno. La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas, control de legalidad y supervisión presupuestaria. Además, la designación de autoridades de los órganos desconcentrados quedará centralizada en el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica.

La reforma busca integrar la inteligencia al Estado, separar definitivamente estas tareas de funciones policiales o judiciales y dotar al sistema de reglas claras, controles efectivos y respaldo legal para su personal, fortaleciendo la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo en un escenario global cada vez más complejo.

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que será publicado en las próximas horas, el Gobierno nacional avanzará con una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de profundizar los cambios ya introducidos por el Decreto 614/24 y modificar aspectos centrales de la Ley 25.520.

La iniciativa apunta a modernizar, ordenar y legitimar el funcionamiento del sistema, corrigiendo distorsiones históricas, eliminando superposiciones y dotándolo de mayor control institucional, en línea con estándares democráticos y necesidades estratégicas actuales.