La medida se enmarca en la política de desregulación y reducción del gasto estatal.
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La política de ordenamiento del Estado impulsada por el presidente Javier Milei alcanzó esta semana al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El lunes fueron notificados 21 despidos sobre un total de 84 trabajadores, lo que representa una reducción del 25 % de la planta del organismo con sede en Misiones.
La decisión fue adoptada por el directorio del Instituto, a pocas semanas de la asunción de Rodrigo Martín Correa como presidente del ente, luego de un período de casi dos años de acefalía. El recorte se enmarca en el proceso de reorganización administrativa y desregulación del mercado yerbatero que el Gobierno nacional viene impulsando desde diciembre de 2023 y llevó a las exportaciones del sector a romper el récord históricoen el mes de noviembre.
Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Según trascendió, el costo estimado de las desvinculaciones rondaría los 800 millones de pesos. Además, no se descartan nuevas cesantías en las próximas semanas, en línea con el objetivo oficial de reducir estructuras sobredimensionadas y eliminar gastos que no se traducen en mejoras reales para los productores ni para los consumidores.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron la medida y señalaron que parte de los empleados despedidos se encontraban afiliados al gremio, incluyendo delegados con tutela sindical. Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que la reorganización se realiza dentro del marco legal vigente y responde a la necesidad de terminar con un esquema burocrático costoso y poco eficiente.
El INYM fue creado en 2001 tras una prolongada crisis del sector, con el objetivo de regular precios y coordinar políticas entre productores, industriales y el Estado. Durante los últimos años, el organismo amplió su estructura y funciones, financiándose a través de una estampilla incluida en los paquetes de yerba mate. Para la actual gestión, ese esquema derivó en una fuerte intervención estatal que terminó perjudicando la competitividad del sector.
Javier Milei.
Uno de los puntos de inflexión fue el Decreto 70/2023, que eliminó la facultad del Instituto para fijar precios de referencia. La medida apuntó a devolverle libertad al mercado y a corregir distorsiones acumuladas por años de regulaciones que, según el diagnóstico oficial, desincentivaron la inversión y generaron atraso en los pagos a productores.
En la misma línea, el Gobierno dejó sin efecto el tope a nuevas plantaciones, una norma que había sido presentada como mecanismo de equilibrio pero que, en los hechos, limitaba el crecimiento del sector. La apertura y la competencia son el camino para mejorar precios, aumentar la producción y expandir mercados internacionales.
