El nuevo esquema permite sancionar con evidencia electrónica sin intervención directa en el mar.
Compartir:
El Gobierno nacional avanza decididamente en el control de la pesca ilegal al aplicar sanciones contra un buque extranjero que operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Se trata del arrastrero Coimbra, detectado mediante sistemas tecnológicos de monitoreo en el marco de un nuevo esquema que refuerza la capacidad del Estado para identificar y castigar infracciones en tiempo real.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, precisó que el operativo se llevó adelante bajo la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. La normativa marca un cambio de fondo: las infracciones detectadas por medios electrónicos pasan a tener plena validez probatoria, lo que permite avanzar en sanciones sin necesidad de intervención presencial en el lugar.
Imágen difundida por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El caso se originó el pasado 17 de abril, cuando la Prefectura Naval Argentina, a través del Sistema Guardacostas, identificó al buque "Coimbra" de bandera portuguesa, realizando actividades de pesca dentro de la ZEE, una zona donde la explotación de recursos está estrictamente regulada y reservada para el país.
Hasta ahora, muchas infracciones dependían de la presencia física de patrullas en el mar, lo que limitaba la capacidad de control. Con este nuevo sistema, el Estado puede detectar, registrar y sancionar maniobras ilegales con mayor precisión y rapidez, utilizando evidencia digital robusta.
Esta herramienta no solo mejoró la eficiencia operativa de los controles, sino que también fortalece la defensa de los recursos del Mar Argentino. La posibilidad de generar expedientes con base en registros electrónicos permite avanzar en sanciones más efectivas y reducir la impunidad en actividades ilegales que históricamente afectaron al sector.
La ubicación del buque fue revelada de manera digital.
Además, el caso del Coimbra sienta un precedente: cualquier incursión ilegal en aguas argentinas puede ser detectada y sancionada incluso sin contacto directo. Esto introduce un efecto disuasivo inmediato sobre flotas extranjeras que operan en el límite o dentro de la milla 200.
La medida refleja un cambio de enfoque en la gestión estatal. El énfasis ya no está solo en la reacción, sino en la prevención y el control inteligente, con herramientas tecnológicas que permiten monitorear en tiempo real lo que ocurre en una de las zonas estratégicas más sensibles del país.