El Gobierno se prepara para vender más de 300 inmuebles y edificios públicos
El Gobierno destaca que el mantenimiento de inmuebles sin función específica implica un gasto innecesario.
El Gobierno argentino, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ha publicado el Decreto 950/2024, con el cual busca vender inmuebles del Estado Nacional que no son necesarios para su funcionamiento.
La medida apunta a que el ejecutivo nacional se desprenda de más de 300 inmuebles para mejorar la eficiencia en la administración pública y generar fondos para hacer frente a las necesidades fiscales del Gobierno.
Objetivo de la medida: recursos y eficiencia en el gasto público
Según informó el Ejecutivo, el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el titular de la AABE, Guillermo Francos, responde a la necesidad de reducir los costos operativos del Estado.
Al vender inmuebles sin uso específico, el Gobierno espera liberar recursos destinados al mantenimiento de estas propiedades ociosas, los cuales podrían ser reorientados a áreas prioritarias.
AABE: a cargo de la venta de los inmuebles estatales innecesarios
La AABE tendrá la responsabilidad de llevar adelante la venta de los inmuebles ya autorizados por normativas anteriores.
Además, el organismo se encargará de realizar estudios técnicos y regularizar la situación de las propiedades, garantizando así que el proceso de venta se realice de forma eficiente y ordenada.
Exclusión de inmuebles estratégicos y ubicados en el extranjero
El Decreto 950/2024 establece que algunos inmuebles estratégicos quedan excluidos de la venta.
Esto incluye propiedades de uso militar, como aquellos establecimientos en Córdoba, Corrientes y Mendoza, así como bienes ubicados fuera del país y aquellos comprometidos legalmente o revertidos al Estado Nacional.
Venta de bienes públicos para evitar gastos innecesarios
El Gobierno destaca que el mantenimiento de inmuebles sin función específica implica un gasto innecesario.
Con la venta de estos bienes, busca evitar el deterioro de propiedades que, de otro modo, no tendrían una finalidad concreta en la gestión estatal, optimizando los recursos y liberando fondos para la crisis económica.
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