El Gobierno de Milei arrestó a 14 delincuentes que cobraban pensiones por invalidez

En un sorpresivo operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas a cargo de la Ing. Natalia Basil, de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Comando Unificado Federal de Recaptura y Evadidos (CUFRE) a cargo del Dr Pablo Argibay Molina del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, se logró la identificación de 331 profugos de la justicia, logrando poner a disposición de la misma a 33 y la detención de 14, que pese a estar buscados por diversos delitos, eran beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral de forma irregular.

El operativo sorprendió a los beneficiarios, que fueron convocados para una "revisión de sus casos". Al momento del encuentro, aparecieron las fuerzas de seguridad y los arrestaron en ese mismo instante.

Los 14 arrestados forman parte de un total de 331 personas prófugas de la justicia que estaban recibiendo esta asignación. El operativo realizado tenía como objeivo localizar a los primeros 131 de ellos, a quienes se les quitará el beneficio.

La Agencia Nacional de Discapacidad, bajo el control del Ministerio de Salud, inició en agosto de 2024 una serie de auditorías sobre beneficiarios de pensiones en varias provincias, comenzando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires.

En esta primera fase, el Gobierno de Javier Milei descubrió que numerosos individuos con órdenes de arresto seguían percibiendo pensiones, en su mayoría sin cumplir con los requisitos médicos necesarios.

Con el apoyo de la policía, los prófugos fueron citados bajo el pretexto de un "control de sus beneficios" y, al asistir, fueron arrestados en el acto. Las autoridades informaron que, además de perder sus pensiones, los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.

Desde la cuenta del Ministerio de Salud en X, se comunicó: "La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, continúa detectando irregularidades en las pensiones no contributivas por invalidez laboral."

Y agregaron: "En un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, citamos a beneficiarios que estaban cobrando la pensión mientras eran prófugos de la justicia, logrando su detención. A partir de ahora no percibirán más la pensión y estarán donde deben estar. Porque el que las hace, las paga."

En septiembre de 2024 salieron a la luz los primeros informes de la auditoría, que arrojaron cifras preocupantes sobre el estado de las pensiones no contributivas.

En CABA, de 10.000 beneficiarios contactados, el 67% no pudo ser localizado en su domicilio registrado, lo que pone en duda la veracidad de los datos brindados. En la provincia de Buenos Aires, las cifras tampoco son alentadoras: de 900 pensionados auditados, el 21% no se presentó tras ser citado y, de los 462 que asistieron, solo el 20% cumplía con todos los requisitos para la pensión.

Entre los casos más graves se cuentan individuos con diagnósticos médicos falsos, pensionados acompañados por representantes de organizaciones sociales, y situaciones de beneficiarios que viven fuera del país.

Incluso se detectaron casos de personas condenadas que, pese a no cumplir con las condiciones médicas, accedieron a las pensiones en un trámite exprés de tan solo 13 días, realizado en diciembre de 2023.

La auditoría, presentada en exclusiva por La Derecha Diario, reveló que la corrupción en la entrega de estas pensiones involucra tanto a beneficiarios como a políticos de gestiones anteriores, principalmente de los gobiernos kirchneristas.

Los primeros datos revelaron que, durante el último año, entre 1.200 y 2.000 millones de dólares habrían sido desviados a través de irregularidades en el sistema de pensiones. Esta suma millonaria incluye incompatibilidades de ingresos, domicilios falsos y beneficiarios que no cumplen con las condiciones médicas necesarias.

Con el objetivo de realizar una revisión integral del sistema, la ANDIS ya anunció próximas auditorías en las provincias de Chaco, Jujuy y Salta, que concentran cerca de 175.000 pensiones. El organismo planea aplicar un protocolo de citación para localizar a beneficiarios que no respondieron a las convocatorias iniciales, utilizando métodos como cartas documento y correos electrónicos.

Al mismo tiempo, la ANDIS busca reformar el sistema de pensiones por invalidez para eliminar este esquema de corrupción y garantizar que los fondos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan. Las autoridades señalaron que estos operativos y auditorías son solo el comienzo de un cambio que tiene como objetivo erradicar las irregularidades en un contexto históricamente marcado por la corrupción.