Además, la documentación oficial detalla que Aguirre se presentó con ocupaciones dispares, declarando ser albañil, cocinera, comunicadora, cuidadora, estudiante y trabajadora de mantenimiento, una estrategia que refuerza las sospechas sobre la falta de actividad real de estas cooperativas.
El INAES justificó la suspensión señalando que la constitución de cooperativas con objetos sociales diversos, miembros repetidos y ubicaciones distantes resulta inviable en la práctica, lo que lleva a concluir que muchas de ellas fueron creadas con fines fraudulentos.
Las cooperativas suspendidas
Esta nueva medida no es un hecho aislado, ya que forma parte del Plan de Reordenamiento y Control impulsado por la gestión de Sandra Pettovello, que ya ha llevado a la suspensión de casi 5.000 cooperativas y 417 mutuales por falta de documentación o incumplimientos normativos.
En enero de este año, el INAES había dado de baja 7.873 cooperativas que no cumplían con las regulaciones, en un intento por desmantelar las estructuras parasitarias que se beneficiaban de los recursos del Estado sin ofrecer un servicio real a la comunidad.
Uno de los casos más graves fue la llamada Causa Guardapolvos, en la que 33 cooperativas vinculadas a movimientos kirchneristas fueron investigadas por lavado de dinero. Estas organizaciones recibieron millones de pesos del Estado, pero no cumplieron con la producción pactada.
Una auditoría reveló además que sus trabajadores, beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, eran explotados en condiciones de semi-esclavitud.
La suspensión de estas cooperativas marca un nuevo capítulo en la lucha contra el uso discrecional de los recursos públicos y refuerza la apuesta por un Estado más transparente y libre del clientelismo. El Gobierno de Javier Milei sigue firme en su cruzada contra la corrupción y el robo de fondos públicos.
