El Gobierno nacional puso fin al esquema prohibitivo sobre los productos de nicotina y avanzó con una regulación integral que abarca vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, con el objetivo de ordenar un mercado que hasta ahora operaba mayormente en la informalidad.
La medida fue oficializada a través de la resolución 549/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece por primera vez un sistema completo de control, registro y trazabilidad para estos productos .
Fin de la prohibición y golpe al mercado en negro
Hasta ahora, la venta de vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina estaba prohibida en la Argentina, lo que generó un circuito informal masivo sin controles sanitarios ni fiscales.
El nuevo esquema cambia el enfoque: en lugar de prohibir, el Estado pasa a regular y fiscalizar. Según fuentes oficiales, la medida busca desarticular el negocio del contrabando, que dominaba el mercado con productos sin control de calidad ni tributación.
Registro obligatorio y control total
La normativa establece que ningún producto podrá venderse sin estar previamente registrado. Además, los fabricantes deberán declarar la composición, cumplir estándares de calidad y respetar límites estrictos sobre:
Concentración de nicotina
Sustancias permitidas
Condiciones de fabricación
Trazabilidad completa del producto
Esto permitirá al Estado ejercer controles efectivos, algo que no ocurría bajo el sistema anterior.
Eliminación de sabores y foco en los jóvenes
Uno de los puntos más relevantes de la regulación es la eliminación de los saborizantes en vapeadores, considerados un factor clave en el inicio del consumo entre adolescentes.
El objetivo es reducir el acceso y la atracción de estos productos en jóvenes, un segmento donde el uso había crecido en los últimos años sin ningún tipo de regulación.
Más control, menos riesgo sanitario
Desde el Gobierno sostienen que el cambio no crea un mercado nuevo, sino que ordena uno ya existente, donde el consumo se daba de manera extendida pero sin controles.
La regulación permitirá:
Supervisar la calidad de los productos
Reducir riesgos sanitarios
Controlar la comercialización
Aplicar sanciones a quienes operen fuera de la ley
Impacto económico y formalización
Otro eje central de la medida es la incorporación de estos productos al sistema formal, lo que implica que comenzarán a tributar impuestos y estarán sujetos a fiscalización estatal.
Esto no solo busca aumentar la recaudación, sino también equilibrar el mercado frente al avance del contrabando.
Un cambio de paradigma en la política pública
La decisión refleja un cambio de enfoque en la política sanitaria y económica: pasar de la prohibición sin control a un esquema de regulación activa.
Con esta medida, el Gobierno apunta a reducir los riesgos asociados al consumo descontrolado, mejorar la transparencia del mercado y recuperar capacidad de intervención en un sector que operaba completamente al margen de la ley.
