Lo más notable es que este salto se produjo sin que se recurriera a la represión estatal ni a medidas de excepción. Bajo la gestión de Milei y Bullrich, el país no solo evitó disturbios, sino que mejoró su cohesión social y redujo indicadores de violencia urbana. Una demostración de que es posible aplicar un programa de shock económico con gobernabilidad, previsibilidad y resultados concretos.
La única variable en la que Argentina mostró un retroceso fue en el financiamiento a operaciones de paz de la ONU, un punto marginal que no afecta su desempeño estructural. “La estabilidad política fue mantenida con firmeza, pero sin excesos”, señala el IEP.
A nivel global, el costo económico de la violencia en 2024 alcanzó los USD 19,97 billones (PPP), lo que representa el 11,6% del PBI mundial, o unos USD 2.455 por persona. El gasto en defensa y seguridad interna absorbió el 74% de ese total. En contraste, la inversión en prevención de conflictos fue de apenas el 0,52%.
Asimismo, el informe destaca que el comercio internacional se estancó en torno al 60% del PBI global, mientras que las medidas comerciales restrictivas casi se triplicaron desde 2019. Todo esto en un contexto de creciente fragmentación geopolítica y caída de la “paz estructural”, entendida como el entramado institucional que permite sociedades estables y cohesionadas.
El IEP advierte que el mundo está al borde de un nuevo umbral de inestabilidad. “La paz no es solo la ausencia de guerra, sino una construcción activa que requiere voluntad política, justicia y cohesión social”, señala el informe. La advertencia es clara: sin inversión sostenida en instituciones, incluso los países más estables pueden retroceder rápidamente.
Sin embargo, el caso argentino aparece como una excepción alentadora. En palabras del propio informe, la mejora de Argentina “es consistente con una gobernabilidad efectiva en contextos de ajuste fiscal y reformas estructurales”. En otras palabras, cuando hay conducción política clara y firmeza institucional, los resultados llegan.
