Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, aparece como firmante del expediente 6512-D-2025, presentado el 12 de noviembre de 2025, cuyo sumario es explícito: “Eutanasia y muerte asistida. Regulación. Modificaciones al Código Penal de la Nación”. El proyecto también lleva la firma de Oscar Agost Carreño y fue girado a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Pública, y Legislación Penal.
Según distintos relevamientos periodísticos sobre los textos ingresados al Congreso, la propuesta asociada a Pichetto apunta a despenalizar la eutanasia activa y el suicidio asistido, además de introducir cambios en la legislación vigente para habilitar la asistencia médica para morir bajo determinadas condiciones. También contempla exenciones de responsabilidad penal, civil y administrativa para quienes actúen conforme a esa futura ley.
Una avanzada que va mucho más allá de la “muerte digna”
En la Argentina ya existe desde 2012 la Ley 26.742 de muerte digna, que reconoce el derecho del paciente a rechazar tratamientos o procedimientos que prolonguen artificialmente la vida en casos de enfermedad irreversible o terminal. Pero esa norma no habilita la eutanasia activa, es decir, no autoriza a provocar directamente la muerte de una persona.
Además, desde 2022 rige la Ley 27.678 de Cuidados Paliativos, cuyo objetivo es asegurar el acceso de los pacientes a prestaciones integrales de cuidados paliativos en los ámbitos público, privado y de la seguridad social, junto con el acompañamiento a sus familias.
Por eso, el proyecto que respalda Pichetto no aparece como una mera ampliación de derechos ya existentes, sino como un cambio de paradigma mucho más profundo: pasar de garantizar alivio del dolor y acompañamiento al paciente, a abrir la puerta a que el Estado regule la intervención para terminar con la vida.
El caso Noelia Castillo: la eutanasia en España bajo sospecha internacional
El caso de la española Noelia Castillo, de 25 años, se convirtió en uno de los más polémicos de Europa y volvió a poner en cuestión los límites de estas leyes. La joven, que sufría paraplejia tras un intento de suicidio derivado de una historia marcada por abusos y trauma, accedió a la eutanasia en marzo de 2026 luego de una batalla judicial de casi dos años contra su propio padre, que intentó frenarla alegando que no estaba en condiciones de decidir.
El caso escaló a tal nivel que incluso organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos pidieron investigar posibles fallas en la protección de personas vulnerables, especialmente por tratarse de una paciente no terminal con antecedentes psiquiátricos.
La historia de Noelia dejó expuesta una de las principales críticas a la eutanasia: cuando se aplica en contextos de sufrimiento psicológico, vulnerabilidad social o traumas previos, la línea entre una decisión libre y una condicionada se vuelve extremadamente difusa. A pesar de que múltiples instancias judiciales validaron su voluntad, el caso generó un debate global sobre si el sistema realmente protege a los pacientes o si, por el contrario, puede terminar habilitando decisiones irreversibles en situaciones límite.
