Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, aparece como firmante del expediente 6512-D-2025, presentado el 12 de noviembre de 2025, cuyo sumario es explícito: “Eutanasia y muerte asistida. Regulación. Modificaciones al Código Penal de la Nación”. El proyecto también lleva la firma de Oscar Agost Carreño y fue girado a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Pública, y Legislación Penal.
Según distintos relevamientos periodísticos sobre los textos ingresados al Congreso, la propuesta asociada a Pichetto apunta a despenalizar la eutanasia activa y el suicidio asistido, además de introducir cambios en la legislación vigente para habilitar la asistencia médica para morir bajo determinadas condiciones. También contempla exenciones de responsabilidad penal, civil y administrativa para quienes actúen conforme a esa futura ley.
Una avanzada que va mucho más allá de la “muerte digna”
En la Argentina ya existe desde 2012 la Ley 26.742 de muerte digna, que reconoce el derecho del paciente a rechazar tratamientos o procedimientos que prolonguen artificialmente la vida en casos de enfermedad irreversible o terminal. Pero esa norma no habilita la eutanasia activa, es decir, no autoriza a provocar directamente la muerte de una persona.
Además, desde 2022 rige la Ley 27.678 de Cuidados Paliativos, cuyo objetivo es asegurar el acceso de los pacientes a prestaciones integrales de cuidados paliativos en los ámbitos público, privado y de la seguridad social, junto con el acompañamiento a sus familias.
Por eso, el proyecto que respalda Pichetto no aparece como una mera ampliación de derechos ya existentes, sino como un cambio de paradigma mucho más profundo: pasar de garantizar alivio del dolor y acompañamiento al paciente, a abrir la puerta a que el Estado regule la intervención para terminar con la vida.
