El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la conducción de la ministra Alejandra Monteoliva, presentó este lunes los resultados consolidados del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) correspondientes al año 2025. Los datos oficiales revelan una transformación sin precedentes en la seguridad pública desde la asunción del presidente Javier Milei a finales de 2023. Uno de los logros más significativos de la actual administración es la drástica caída en los homicidios contra víctimas mujeres. Tras la eliminación del inútil Ministerio de la Mujer —creado por el hoy denunciado por violencia Alberto Fernández—, los crímenes contra mujeres registraron una baja interanual del 10,8% en 2025.
Si se analiza el periodo completo desde la asunción de Milei, la reducción acumulada alcanza un impresionante 23,5%. Estas cifras demuestran que la seguridad de las mujeres no depende de burocracias ideologizadas, sino de una política de seguridad firme que persiga a los delincuentes.
Actualmente, Argentina ostenta una tasa de homicidios dolosos de apenas 3,6 cada 100.000 habitantes, consolidándose como el país con menor tasa de homicidios en América Latina y el Caribe. Esta cifra ubica a nuestra nación muy por debajo de vecinos como Chile (5,4), Paraguay (6,1) o Uruguay, y a una distancia abismal de países sumidos en el caos como Brasil (19,2), Colombia (25,8) o el descontrolado Ecuador (50,9).
El éxito de la política criminal libertaria se manifiesta en una reducción del 7,3% en los homicidios dolosos durante el último año, acumulando una caída del 18,4% desde el inicio de la gestión. Este profesionalismo estadístico ha sido reconocido internacionalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que otorgó al país la calificación “A” en Calidad Estadística, la máxima categoría posible, destacando la transparencia y confiabilidad del sistema argentino bajo los estándares de las Naciones Unidas.
A pesar de la mejora generalizada, hechos aislados en territorios ajenos a la doctrina nacional de seguridad siguen conmoviendo al país. Es el caso de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 23 de mayo en Córdoba y fue hallada sin vida este sábado en un descampado de 200 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra. La investigación, liderada por el fiscal Garzón, localizó el cuerpo a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad.
Detrás de este horror emerge la figura del principal sospechoso y único detenido: Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 32 años con antecedentes penales por robo y privación ilegítima de la libertad. Lo que resulta escandaloso es el blindaje político del acusado: Barrelier es un empleado público y un activo militante del actual intendente de Córdoba, el peronista Daniel Passerini, con quien ostenta fotografías que demuestran su cercanía.
Además, su defensa técnica está a cargo del abogado Jorge Sánchez del Bianco, integrante del estudio de Ricardo Moreno, quien es concejal peronista por la fuerza Hacemos Unidos por Córdoba y titular de “Las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba”.
La hipótesis judicial sostiene que Agostina fue engañada por el sospechoso bajo la falsa promesa de “buscar un regalo para su madre” en su domicilio de la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. Cámaras de seguridad captaron el ingreso de ambos el sábado por la noche; fue la última imagen de Agostina con vida.
Tras el crimen, Barrelier mostró una frialdad absoluta: pidió plata y un auto prestado, logrando que una amante le facilitara un Ford Ka negro para trasladar el cuerpo, maniobra captada por antenas telefónicas en la zona del hallazgo. Ante la contundencia de las pruebas, el acusado terminó reconociendo el ingreso de la menor a su casa.
Al respecto, la ministra Alejandra Monteoliva fue tajante al exigir justicia: “Lo mejor es tener la verdad completa, aunque sea dolorosa, aunque nos interpele como autoridades... Lo que yo le pedí al ministro Quinteros fue que se conozca toda la verdad”.
El informe del SNIC también detalla un retroceso histórico en los delitos contra la propiedad. Los robos, tanto simples como agravados, registraron una caída del 21,6% en 2025, marcando el nivel más bajo desde la pandemia en 2020. De una tasa cercana a 1.015 en 2024, el indicador descendió a 796 en 2025. Por su parte, los hurtos mostraron una reducción del 17,4%, pasando de 372.840 casos en 2024 a 308.523 en 2025.
Asimismo, el combate frontal contra las mafias arroja sus primeros frutos con una disminución del 4,3% en los delitos relacionados con el narcotráfico y una baja del 5,1% en hechos asociados al contrabando. Los datos preliminares del primer trimestre de 2026 confirman que esta tendencia descendente se mantiene, consolidando un proceso de baja sostenida de los índices criminales gracias a la firmeza del gobierno nacional.
