La IGJ solicitó la designación de veedores en AFA por 'la gravedad de las irregularidades detectadas'

El pedido abarca el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, incluyendo la revisión de cuentas, partidas y el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales. También contempla una auditoría integral sobre el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), institución educativa en trámite, con foco en la adquisición de bienes, contratación de autoridades y convenios celebrados con terceros, así como en la trazabilidad de los fondos utilizados.

Uno de los ejes centrales de la revisión será la relación comercial y financiera de la AFA con la firma TourProdEnter LLC y los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, además de Sur Finanzas S.A., sus sociedades vinculadas y el denominado Grupo Sur Finanzas, entre ellos Ariel Vallejo. Los veedores deberán analizar los montos percibidos por TourProdEnter como comercializador de derechos, las rendiciones de cuentas y las remesas enviadas o recibidas desde el exterior, reconstruyendo el flujo financiero completo de esos acuerdos.

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por el corrupto Claudio "Chiqui" Tapia, con el objetivo de acceder y verificar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida y no entregada. La medida fue formalizada mediante una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Vítolo y ya fue notificada a la institución que maneja el fútbol nacional.

Desde el Ministerio de Justicia informaron que la decisión se adoptó debido "a la gravedad de las irregularidades detectadas", aunque aclararon que se trata de una veeduría de carácter informativo y no de una intervención. Según Vítolo, los veedores deberán "obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada" por la AFA, además de verificar si existieron "otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos" de la entidad.

Vítolo sostuvo que "el ente rector del fútbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años", por lo que, según afirmó, se desconoce "el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella". Al mismo tiempo, subrayó que la medida "no implica sanción ni prejuzgamiento alguno", sino el ejercicio regular de las facultades de fiscalización previstas por ley.

El conflicto se vincula también con el reciente intento de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, trámite que fue rechazado por la IGJ. El organismo aseguró que se detectó una sede social declarada donde no funciona la administración y que la entidad continúa operando en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que permanece bajo su jurisdicción.

"Reafirmamos que en la nueva Argentina del presidente Javier Milei no hay privilegios. Todas las asociaciones civiles, sin excepción, deben acatar sus obligaciones legales y contables. Nadie está por encima de la Ley", sostuvo el Inspector General. Con este paso, la IGJ busca reunir información clave para determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas en el marco de las investigaciones en curso.