El Gobierno de Javier Milei ha anunciado una serie de reformas importantes en la financiación del cine nacional con el fin de optimizar el uso de los recursos estatales y asegurar una mayor eficiencia en la utilización de fondos públicos.
Según un comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, “el Gobierno ha decidido dejar de financiar películas que prácticamente no lograron captar la atención del público”.
Esta decisión se tomó tras analizar los datos de espectadores de las producciones subvencionadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante 2023, donde más de 100 películas que recibieron fondos tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una, y algunas ni siquiera llegaron a los 10 espectadores.
El nuevo enfoque de financiación fue establecido por el decreto 662/24, que introduce cambios importantes en la asignación de subsidios para el cine nacional. Estas medidas fueron acordadas tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura, dirigida por Leandro Cifelli, el INCAA, bajo la dirección de Carlos Pirovano, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La reforma tiene como objetivo maximizar el beneficio para los contribuyentes y los espectadores.
Entre los cambios más significativos del decreto se encuentra la exigencia de que las producciones que busquen subsidios financien al menos el 50% de sus proyectos con recursos privados. Además, se ha establecido un tope máximo para el financiamiento de cada producción con el fin de evitar que unos pocos proyectos acaparen los recursos estatales de manera recurrente. Otra disposición importante es que las productoras que hayan recibido subsidios no podrán solicitar más recursos públicos durante el año siguiente a la finalización de su proyecto.
El INCAA también ajustará sus criterios presupuestarios. En adelante, los fondos destinados a gastos corrientes, estructurales y de funcionamiento no podrán exceder el 20% de los ingresos del organismo. Estas medidas tienen como objetivo reorganizar los gastos para utilizar los recursos de manera más eficiente y fomentar la escuela de cine, la búsqueda de nuevos talentos y una producción audiovisual competitiva.
Según un informe del Poder Ejecutivo, en el año 2000, el INCAA tenía alrededor de 90 empleados, mientras que al asumir la actual administración, la cifra había aumentado a más de 900, lo que representaba un 42% del presupuesto destinado a sueldos. Este incremento desproporcionado de personal, junto con la asignación de tareas ajenas a sus funciones originales, llevó a que en el ejercicio anterior se necesitaran aportes extraordinarios del Tesoro Nacional para cubrir gastos operativos.
El decreto también establece que el Fondo de Fomento Cinematográfico se aplicará a los gastos de personal, gastos generales e inversiones requeridas para el funcionamiento del INCAA, pero sin superar el 20% del total de los recursos anuales recibidos. Esta normativa entrará en vigor a partir del 1º de junio de 2025.
En un esfuerzo por garantizar una distribución más equitativa de los fondos y fomentar la calidad de las producciones, el INCAA también evaluará la aptitud de los proyectos a ser subsidiados, tomando en cuenta la presentación de un plan completo de producción y financiamiento acreditado. El monto del subsidio no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico ni representar más del 50% del costo total de producción del proyecto.
Con este nuevo marco normativo, el gobierno busca racionalizar recursos y priorizar la exhibición y recuperación de fondos otorgados, dejando de lado preferencias ideológicas en la asignación de subsidios. Se espera que estas modificaciones promuevan una producción audiovisual más competitiva y alineada con los intereses tanto de los contribuyentes como de los espectadores.
La nueva reglamentación también establece que los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor desempeñarán sus cargos “ad honorem”. Además, para incrementar la transparencia y participación, se considerarán representativas las entidades con personería jurídica o gremial que agrupen al menos una quinta parte de los profesionales del sector y que hayan tenido actividad en los dos años anteriores.
