Indignación en la Justicia: los jueces del Tribunal Oral n° 7 se resisten a acelerar el juicio contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los obsecuentes jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signorini y Fernando Canero, negó el pedido de la Cámara de Casación para acelerar el juicio oral de la causa Cuadernos de las Coimas, que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner junto a otros 86 imputados por corrupción.

En una resolución que generó malestar dentro del Poder Judicial, los jueces sostuvieron que “no ven razones” para modificar el esquema actual de audiencias virtuales, argumentando que el tribunal está “sobrecargado de trabajo” y que el pedido "afectaría la independencia judicial”. 

La decisión fue recibida con indignación por magistrados y fiscales, pero sobre todo por la sociedad misma que mira con atención el caso en la espera de justicia.

La Corte Suprema había expresado su preocupación por la demora del proceso, mientras que el Consejo de la Magistratura, a través de Alberto Maques, envió una nota formal al tribunal recomendando que las audiencias se realicen de forma presencial y con jornada completa para evitar dilaciones y recuperar confianza pública. “La justicia tardía no es justicia. Cada dilación erosiona la legitimidad del sistema y amplía la distancia entre el ciudadano y el Poder Judicial”, advirtió Maques.

En el documento, los magistrados afirmaron que “los jueces no están llamados a ser populares, sino a ser independientes”. La frase desató críticas inmediatas, ya que evidentemente el tribunal confunde independencia con inacción.

Se debe recordar, además, que el Código Procesal Penal Federal exige la presencialidad plena para los debates orales, y que el uso de plataformas virtuales fue una excepción transitoria durante la pandemia. Un hecho que evidentemente los magistrados del tribunal oral eligen no recordar.

Además, los jueces del TOF 7 sostuvieron que cuando se decidió la virtualidad nadie se quejó, omitiendo que la fiscal Fabiana León ya había advertido la necesidad de audiencias presenciales, puesto que un esquema como el actual podría extender el juicio más de cinco años.

Tras toda esta polémica resurge el debate sobre el rol del Poder Judicial, que con estas actitudes dan la sensación de estar tomando una posición condescendiente con la "Jefa de la Banda" y sus abogados defensores, y no con la sociedad que sufrió años de corrupción. Continúan ensuciando a sus colegas y a un poder que ya bastante cuestionado se encuentra en nuestro país. 

Un “avance” mínimo: un día más de Zoom y sedes alternativa

Tras la polémica con Casación, el TOF 7 anunció su “avance”: sumar un día más de audiencia semanal (dos en lugar de una) y evaluar posibles sedes presenciales como la sala AMIA de Comodoro Py o el auditorio del BCRA. La medida es como insuficiente y cosmética, ya que el fondo del problema —la lentitud y virtualidad del proceso— permanece sin cambios.

Incluso se conoció que una de las abogadas defensoras —que participó de la audiencia desde su auto— se quejó de la falta de estacionamiento o Wi-Fi en la sala AMIA, detalles que exponen el nivel de trivialidad con el que se aborda un juicio histórico.

La causa Cuadernos es considerada el “Nuremberg de la corrupción argentina” por la magnitud de las pruebas y el daño institucional que implicó. Sin embargo, los jueces del TOF 7 parecen más preocupados por la comodidad del Zoom que por la transparencia del proceso.

“Estos jueces deberían comportarse como jueces y no como metrodelegados; dan pena y asco, la sociedad los está mirando”, declaró Eduardo Feinmann en su editorial.

La importancia de esta instancia es que la ciudadanía pueda ver la cara de las personas que le robaron durante años y asistir a un juicio verdaderamente oral y público. A estos jueces del TOF 7 les llega un juicio histórico, deberían honrar el trabajo de las instancias anteriores.