Ingresó formalmente al Congreso la reforma electoral de Milei: todos los detalles

El Gobierno de Javier Milei envió oficialmente al Congreso dos proyectos de ley que proponen eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), modificar el esquema de financiamiento de campañas electorales y reformar el sistema de partidos políticos.

Con el período de sesiones ordinarias próximo a finalizar la semana entrante, se prevé que el oficialismo convoque a sesiones extraordinarias para avanzar con su tratamiento durante el verano.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia, ya que el PRO y la UCR expresaron su rechazo a la eliminación de las PASO y al cese del financiamiento público de las campañas.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Milei, titulado "Reforma para el fortalecimiento electoral", tiene como objetivo principal "reducir el gasto público en actividades políticas" y "aumentar la transparencia en el régimen de financiamiento".

Además de eliminar las PASO, la propuesta busca otorgar a los partidos políticos mayor autonomía en sus actividades internas y liberar a la ciudadanía del costo de un proceso electoral que "ya no cumple con sus objetivos originales".

Eliminación de las PASO

Datos del ex Ministerio del Interior y de la Cámara Nacional Electoral respaldan esta postura: desde la implementación de la Ley N° 26.571, que introdujo las PASO, la participación en las elecciones disminuyó cerca de diez puntos porcentuales, pasando del 78,67% en 2011 al 69% en 2023.

De acuerdo con la iniciativa, la eliminación de las PASO permitiría a los partidos recuperar la "libertad de establecer sus propios métodos internos" para elegir candidatos sin intervención estatal.

Además, se plantea un calendario electoral más breve, con campañas que empezarían 60 días antes de los comicios y finalizarían 48 horas antes de la jornada electoral.

Financiamiento de los partidos

En relación al financiamiento político, la propuesta busca reformar la Ley N° 26.215 para que las campañas electorales dejen de depender casi exclusivamente del Estado, promoviendo el financiamiento privado con "controles más rigurosos" que aseguren la transparencia.

Específicamente, se plantea eliminar los aportes públicos extraordinarios destinados a campañas y boletas, manteniendo únicamente un aporte anual gestionado a través del Fondo Partidario Permanente. Estos fondos se distribuirán de la siguiente forma:

• Un 20% del aporte público anual se dividirá en partes iguales entre todos los partidos políticos con reconocimiento oficial.
• El 80% restante se asignará en proporción a los votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados nacionales, siempre que hayan superado el 1% del padrón electoral.

El cálculo del monto total de recursos se realizará multiplicando el módulo electoral —que será actualizado a un valor de $420,95— por el número de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Aportes privados a los partidos

Por otra parte, la propuesta también contempla permitir mayores contribuciones privadas para financiar las actividades partidarias, estableciendo nuevos límites y requisitos que aseguren la transparencia.

El aporte máximo que una misma persona, ya sea física o jurídica, podrá realizar a los partidos será equivalente al 35% del Fondo Partidario Permanente. Este tope aplicará tanto al financiamiento de actividades regulares como a las campañas electorales.

Adicionalmente, se prohíbe que los partidos acepten fondos provenientes de:

• Personas físicas o jurídicas involucradas en delitos como lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, entre otros.
• Entidades públicas o privadas extranjeras sin domicilio legal en Argentina.
• Sindicatos, asociaciones profesionales y gremiales.
• Concesionarios de servicios públicos, empresas contratistas del Estado o sus proveedores.
• Personas que realicen donaciones de manera anónima o bajo coacción de terceros.

Para garantizar la transparencia en el sistema:

• Todos los aportes deberán realizarse a través de transacciones bancarias, depositándose exclusivamente en las cuentas corrientes únicas de los partidos, registradas ante la Dirección Nacional Electoral.
• Los donantes deberán presentar una declaración jurada por medio de una plataforma digital accesible al público, certificando la legitimidad de los fondos.
• Se creará una herramienta digital para registrar y publicar todos los aportes recibidos por los partidos.

Según el Gobierno de Milei, el esquema actual no cumplió con sus objetivos de equidad y resultó en un "derroche de recursos públicos".

Por ejemplo, en 2023, se destinaron aproximadamente 1,3 millones de dólares a aportes anuales públicos, sumados a 5 millones de dólares para las PASO y más de 10 millones de dólares para las elecciones generales.

El Poder Ejecutivo también propone sanciones más estrictas para quienes incumplan las normas de financiamiento, asegurando que las penas serán "efectivas y proporcionalmente acordes con la seriedad de las infracciones".

Esta reforma impulsada por la Casa Rosada se justifica en un contexto donde "la sociedad está realizando enormes sacrificios económicos".

En este marco, se resalta que "el Estado Nacional debe ajustar sus gastos a los recursos disponibles", instando a la clase política a seguir el ejemplo del "esfuerzo admirable que los ciudadanos realizan a diario".

Reforma política

Además, el Gobierno presentó una iniciativa para elevar los requisitos de afiliación necesarios para la creación de partidos políticos en distritos con alta densidad demográfica, incrementando el límite de electores de un millón a dos millones.

Este ajuste también modifica el porcentaje requerido del padrón electoral, pasando del 0,4% al 0,5%, con el objetivo de uniformar las condiciones en todo el país.

En cuanto a los partidos de alcance nacional, se propone aumentar de cinco a diez el número de distritos necesarios para obtener el reconocimiento oficial, sumando también la exigencia de contar con al menos el 0,1% de afiliados del padrón nacional.

Según el Ejecutivo, estas modificaciones buscan garantizar que los partidos reflejen un respaldo ciudadano real, corrigiendo una deficiencia recurrente en el sistema actual.

Control y transparencia

Entre las medidas de modernización incluidas en la propuesta, se destaca la digitalización de los procesos de afiliación y renuncia, eliminando así el uso de formularios en papel.

La Cámara Nacional Electoral será la encargada de supervisar este sistema para asegurar la validez y autenticidad de las afiliaciones.

De acuerdo con datos oficiales de 2023, más de ocho millones de personas estaban afiliadas a partidos políticos, aunque diversas encuestas indican que menos del 5% participa activamente en ellos.

Críticas a la fragmentación actual

El Ejecutivo subrayó que el sistema actual facilita la proliferación de partidos políticos, algunos de los cuales son utilizados principalmente como medios para acceder a financiamiento público.

Hasta el 31 de octubre de 2024, se contabilizaban 47 partidos nacionales y 718 distritales con reconocimiento legal, un número que contrasta notablemente con el de otros países de la región como México (7), Uruguay (12) y Chile (23).

Para contrarrestar la existencia de partidos con escasa representatividad, la propuesta establece que deberán alcanzar el 3% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas. De no cumplir con este requisito, perderán su personería jurídica.

El proyecto también busca regular las alianzas electorales, exigiendo que las coaliciones distribuyan los votos obtenidos entre sus integrantes. Esto permitirá determinar si cada partido que compone la alianza cumple con los requisitos para conservar su personería jurídica.

Plazos de implementación

Se contempla un período de adecuación para los partidos ya existentes, que tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para ajustarse a las nuevas normativas.

Las agrupaciones en formación podrán acogerse a la normativa vigente al momento de iniciar sus trámites, pero deberán cumplir con las nuevas disposiciones dentro del plazo estipulado.

Si el proyecto es aprobado, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, marcando un cambio profundo en la organización política del país.