En pleno mes de las compras navideñas, el intendente kirchnerista de Pilar, Federico Achával, decidió avanzar con un nuevo impuestazo que impactará de lleno en el bolsillo de todos los consumidores que compren en supermercados e hipermercados del distrito. Desde el 1° de diciembre rige una Tasa de Protección Ambiental del 2% aplicada sobre cada operación, reemplazando el sistema de módulos que hasta noviembre significaba un cargo fijo que había llegado a valer apenas $69.
La modificación fue introducida mediante la Ordenanza Fiscal 2026, cuyo artículo 66º establece que la base imponible ahora será el importe de cada operación, neto de IVA, mientras que la Ley Impositiva fija la alícuota en el 2%. En términos prácticos, cada ticket emitido por un súper en Pilar deberá sumar ese porcentaje, encareciendo automáticamente todos los productos y sin posibilidad de absorción por parte de las empresas. Federico Achaval
El tributarista César Litvin lo explicó sin rodeos: quien compre en Pilar pagará directamente un 2% más caro, dado que los comercios no tienen margen para evitar trasladar la carga al consumidor. Una cadena consultada reconoció que no existe “otra alternativa” más que aplicar íntegramente el aumento.
Litvin también advirtió un segundo problema: la medida genera competencia desleal, ya que los supermercados son designados como agentes de percepción y deben cobrar la tasa, mientras que otros comercios que venden productos similares no están alcanzados. El resultado es un esquema distorsivo que castiga la formalidad y altera la competencia en perjuicio del consumidor.
La reacción del Gobierno nacional no tardó. El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó la decisión del municipio y contrastó la política de Achával con el rumbo nacional: mientras La Libertad Avanza trabaja para reducir impuestos y mejorar la competitividad, los intendentes kirchneristas insisten con subir tributos “como si nada”. En redes sociales fue aún más directo: No van a aprender nunca. No les interesa la gente. Federico Achaval
El caso de Pilar se suma a una ola de incrementos municipales en el conurbano y otras provincias, en un contexto donde varios distritos buscan compensar con impuestazos la caída real de la recaudación. En Berazategui, por ejemplo, la nueva ordenanza tributaria fijó subas de hasta 80% en ABL y habilitaciones comerciales. En Quilmes y Lanús, los aumentos promedian entre 40% y 45%. En Lomas de Zamora, empresarios alertaron que el incremento efectivo podría llegar incluso al 200% para algunos contribuyentes.
En contraste, el Gobierno nacional ha reiterado que la presión tributaria es uno de los principales obstáculos al crecimiento y que su estrategia es desarmar impuestos distorsivos, no multiplicarlos. La decisión de Pilar va exactamente en sentido contrario: más costos, más burocracia y precios más altos para los vecinos.
