En un movimiento de fuerte impacto geopolítico y estratégico, Japón anunció la puesta en marcha de un programa de asistencia destinado a reforzar la capacidad de vigilancia marítima de países sudamericanos que enfrentan la creciente presión de flotas pesqueras chinas que operan de manera ilegal o irregular en aguas internacionales limítrofes. La iniciativa beneficiará a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, cuatro naciones clave en la defensa de los recursos naturales del Atlántico y del Pacífico Sur.
El programa, confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés y difundido por Nikkei Asia, contempla el envío de drones de vigilancia, botes patrulleros inflables y equipamiento tecnológico avanzado para el análisis de imágenes aéreas. Tokio destinó para este fin un total de 300 millones de yenes, equivalentes a USD 1,9 millones, que serán canalizados a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Embarcaciones internacionales cerca de Galápagos.
Según precisaron fuentes oficiales, la tecnología permitirá identificar con mayor precisión el registro de las embarcaciones, el tamaño de sus tripulaciones y las rutas que siguen los buques, un aspecto central frente a una práctica cada vez más extendida por parte de las flotas chinas: la desactivación deliberada de los transpondedores GPS para evitar el rastreo satelital.
La preocupación internacional no es nueva. Las flotas pesqueras chinas mantienen una presencia activa en las inmediaciones de las Islas Galápagos, en Ecuador, y luego descienden frente a las costas de Perú y Chile. En el Atlántico Sur, se ha confirmado una intensa actividad en aguas cercanas a la Argentina y Uruguay. Estas flotas son sospechosas no solo de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sino también de tareas de recopilación de información sensible, como el mapeo del lecho marino.
En Argentina, el fenómeno alcanzó niveles alarmantes durante la última década. De acuerdo con datos de Global Fishing Watch citados por los medios, la actividad pesquera en la zona conocida como la “Milla 201”, ubicada en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, pasó de 61.727 horas por cada 500 kilómetros cuadrados en 2013 a 384.046 horas en 2023. Se trata de un crecimiento exponencial que expone la magnitud del problema.
Frente a este escenario, la Prefectura Naval Argentina informó recientemente que reforzó el monitoreo de “más de 500 buques pesqueros extranjeros que arribarán a la Milla 201 en la próxima zafra del calamar”, de los cuales ya fueron detectados 148 “en tránsito”. Según el mismo reporte, la mayoría de estas embarcaciones proviene de China, Corea del Sur y Taiwán.
Investigadores locales también encendieron señales de alarma por presuntas tareas de prospección del fondo marino. El arrastrero chino Lu Qing Yuan Yu 205, que en 2016 había sido sorprendido realizando pesca ilegal dentro del Mar Argentino, fue detectado este año ejecutando movimientos en cuadrículas compatibles con tareas de mapeo de la Plataforma Continental Argentina. Así lo afirmó Milko Schvarzman, investigador del Círculo de Políticas Ambientales.
Patrullero hacia pesquero ilegal chino.
El respaldo japonés se produce en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei ha puesto el acento en la defensa de la soberanía, el orden y el cumplimiento estricto de la ley, incluyendo el control de los recursos estratégicos del país. El fortalecimiento del monitoreo marítimo y la cooperación con potencias que comparten valores democráticos y respeto por las normas internacionales se inscriben en una política exterior más firme y alineada con los intereses nacionales.
El problema excede lo ambiental y económico. En Ecuador, uno de los episodios más graves ocurrió en 2017, cuando las autoridades capturaron al carguero chino Fu Yuan Yu Leng 999 dentro de la reserva marina de Galápagos, transportando 6.623 tiburones de diversas especies. A ello se suman denuncias sobre posibles abusos a los derechos humanos de trabajadores embarcados en buques pesqueros ilegales, sometidos a largas jornadas laborales en condiciones extremas y sin control de temperatura.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, muchos de estos trabajadores provienen del Sudeste Asiático. Intensificar las medidas contra la pesca ilegal en Sudamérica no solo permitiría proteger los recursos naturales, sino también mejorar las condiciones laborales y fortalecer los vínculos de Japón con los países de esa región.
