La decisión se dio por una controversial medida que imponía impuestos a streamers, influencers y creadores de contenido.
La normativa obligaba a instagramers, bloggers, youtubers y tiktokers a registrarse en el sistema fiscal, pagar impuestos nacionales y provinciales, y realizar aportes jubilatorios.
También establecía que los ingresos obtenidos, incluso por canjes, se calcularían al valor de mercado. Esto generaría una base imponible clara y evitaría la evasión fiscal.
El presidente Javier Milei decidió desplazar de su cargo a Florencia Misrahi, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.
La decisión se dio por una controversial medida que imponía impuestos a streamers, influencers y creadores de contenido digital. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, otros dos funcionarios del organismo también fueron relevados.
El reemplazo de Misrahi será Juan Pazo, quien asumirá como nuevo titular de ARCA. Además, Pablo Quirno ocupará el cargo de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería Argentina.
Adicionalmente, la resolución incluía modificaciones en el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE), incorporando actividades relacionadas con criptomonedas. Las operaciones de criptominería serían fiscalizadas dependiendo de si se realizan con equipos propios o alquilados, ampliando así la base tributaria.
La postura de Javier Milei frente a la medida
El presidente Milei, conocido por su postura en contra de la interferencia estatal en la economía y las nuevas tecnologías, consideró que esta normativa era incoherente con la línea de gobierno. Ordenó la revisión de la medida y solicitó identificar a los responsables técnicos detrás de su implementación.
La decisión de desplazar a Misrahi y otros funcionarios subraya el compromiso del mandatario con la libertad económica y el achicamiento del Estado.
Esta decisión responde al descontento en el Gobierno por la Resolución General 5.607, publicada el 28 de noviembre en el Boletín Oficial. En ella se buscaba regular fiscalmente actividades como la creación, edición y difusión de contenido audiovisual en redes sociales.
