En un nuevo episodio que genera polémica en el plano judicial regional, la situación de la abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, dio un giro inesperado en Brasil luego de que el juez de la causa decidiera impedir su regreso a la Argentina hasta que se dicte el fallo definitivo. La medida implica que la joven permanezca en Río de Janeiro al menos entre 15 y 20 días más, pese a que existía un acuerdo previo entre la fiscalía y la querella que habilitaba su retorno. El caso, que se tramita en el Tribunal Penal N° 37, había generado expectativas favorables tras la audiencia realizada el martes. En esa instancia, la abogada argentina —procesada por injuria racial— había admitido su culpabilidad y alcanzado un acuerdo que contemplaba una pena en suspenso, tareas comunitarias en la Argentina y el pago de una indemnización a las víctimas. Incluso, todo indicaba que podría abordar un vuelo de regreso a su país.
Sin embargo, este miércoles, el magistrado resolvió de forma sorpresiva que Páez deberá continuar en territorio brasileño hasta que la sentencia esté debidamente redactada y firmada, un trámite que, según fuentes judiciales, podría demorar entre 15 y 20 días adicionales. La decisión rompe con la expectativa generada tras la audiencia anterior y obliga a la letrada a afrontar al menos dos semanas más de permanencia forzada en Brasil, lo que generó malestar tanto en su defensa como en su entorno familiar.
De acuerdo con lo que trascendió, la noticia cayó como un verdadero golpe para la joven y su familia, que ya consideraban que el proceso estaba encaminado hacia el final de lo que describían como un “calvario” en Río de Janeiro. Según allegados, no pueden creer que el magistrado haya tomado una determinación que va en contra de las sugerencias que la propia acusación había realizado para que Páez regresara a la Argentina tras pagar una multa y cumplir en Santiago del Estero con las tareas comunitarias establecidas.
Horas antes de conocerse este revés judicial, la propia Agostina Páez había hablado públicamente a través de sus redes sociales, donde publicó un descargo reconociendo su error.
“Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Cometí un grave error, me equivoqué”, expresó la abogada, quien además aseguró haber “aprendido lo que es el racismo” durante estos dos meses de retención en Brasil y bajo el uso de tobillera electrónica.
El acuerdo alcanzado —que ahora queda en suspenso administrativo— establecía una reducción significativa de la pena inicial que enfrentaba la joven. Originalmente, el caso contemplaba hasta 15 años de cárcel como máximo por tres denuncias, pero la fiscalía resolvió reducir la acusación a un delito continuado con tres víctimas, lo que derivó en una pena mínima de 2 años en suspenso. Aun así, la fiscalía mantiene su pedido de una indemnización cercana a 50.000 dólares para cada una de las tres víctimas, una cifra que la familia de Páez calificó como difícil de afrontar.
Durante su estadía en Brasil, la abogada denunció haber vivido en un estado de “paranoia constante” debido a las amenazas de muerte recibidas tras la viralización del video en el que se la ve realizando gestos discriminatorios en un bar de Ipanema. Su padre, que viajó para acompañarla, confirmó que debieron extremar las medidas de seguridad y que incluso evitaba salir a la calle por temor a ser reconocida.
