El juez Roberto Gallardo, conocido por su trayectoria judicial teñida de activismo ideológico comunista, volvió a irrumpir en la escena política con una polémica resolución que busca frenar el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
En un fallo que responde a una medida cautelar presentada por sectores sindicales afines al kirchnerismo, Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –que conduce Jorge Macri– organizar y ejecutar por sí mismo el operativo de seguridad de la "marcha de jubilados" convocada para el miércoles 9 de abril. Además, prohibió la intervención de las fuerzas federales más allá de los “intereses federales”, en un intento por desarticular el protocolo antipiquetes.
Una justicia funcional al caos
Lejos de ser una medida aislada, este nuevo fallo se inscribe en una larga serie de intervenciones de Gallardo que muestran su alineamiento con sectores de izquierda. El magistrado, que en 2005 enfrentó un juicio político por clausurar arbitrariamente espacios como La Rural y el Casino Flotante, ha demostrado sistemáticamente su oposición a las políticas de orden y seguridad. En esta ocasión, actúa como garante judicial de una marcha sindical con claros tintes políticos, justo un día antes del paro general impulsado por la CGT.
Un juez comunista obstaculiza el orden público con un fallo contra el Gobierno
La resolución de Gallardo representa una clara intromisión sobre la autoridad del Ministerio de Seguridad. Bullrich, que ha sido una figura clave en la recuperación del orden público tras años de permisividad kirchnerista, viene aplicando el protocolo antipiquetes con efectividad. Pero el juez, con una retórica cargada de ideología, pretende vaciar de contenido ese accionar al imponer restricciones operativas infundadas.
Militancia disfrazada de Justicia
Egresado de la UBA, Gallardo se presenta como un referente de la llamada "justicia social". Su vínculo con el Papa Francisco y su participación en la "justicia franciscana" lo posicionan en un lugar más cercano a la prédica política que a la imparcialidad judicial. Su libro “Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial” no deja dudas sobre su visión ideológica: una fusión de ambientalismo, peronismo y anticapitalismo que poco tiene que ver con la defensa de la Constitución.
Un juez comunista obstaculiza el orden público con un fallo contra el Gobierno
Su decisión de subordinar la actuación de las fuerzas federales en territorio porteño demuestra una vez más su desdén por la autoridad nacional. Desconoce de forma deliberada que el Ministerio de Seguridad actúa para proteger instituciones clave como el Congreso, y no para reprimir protestas pacíficas, como se intenta instalar desde sectores militantes.
Milei, firme en su rumbo: ley y orden
Frente a este nuevo obstáculo judicial, el gobierno de Javier Milei continúa con su compromiso de restaurar el orden perdido. Patricia Bullrich, una de las ministras con mejor imagen, ha dejado en claro que no permitirá el caos en las calles y que cada acción se tomará respetando la legalidad y la institucionalidad.
La maniobra de Gallardo revela la resistencia del viejo aparato judicial a los cambios que plantea el gobierno liberal libertario. Mientras Milei busca avanzar con reformas estructurales y una gestión transparente, jueces como Gallardo siguen atados a una lógica populista que frena el desarrollo y favorece la confrontación.
