El juez Roberto Gallardo, conocido por su trayectoria judicial teñida de activismo ideológico comunista, volvió a irrumpir en la escena política con una polémica resolución que busca frenar el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
En un fallo que responde a una medida cautelar presentada por sectores sindicales afines al kirchnerismo, Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –que conduce Jorge Macri– organizar y ejecutar por sí mismo el operativo de seguridad de la "marcha de jubilados" convocada para el miércoles 9 de abril. Además, prohibió la intervención de las fuerzas federales más allá de los “intereses federales”, en un intento por desarticular el protocolo antipiquetes.
Una justicia funcional al caos
Lejos de ser una medida aislada, este nuevo fallo se inscribe en una larga serie de intervenciones de Gallardo que muestran su alineamiento con sectores de izquierda. El magistrado, que en 2005 enfrentó un juicio político por clausurar arbitrariamente espacios como La Rural y el Casino Flotante, ha demostrado sistemáticamente su oposición a las políticas de orden y seguridad. En esta ocasión, actúa como garante judicial de una marcha sindical con claros tintes políticos, justo un día antes del paro general impulsado por la CGT.
La resolución de Gallardo representa una clara intromisión sobre la autoridad del Ministerio de Seguridad. Bullrich, que ha sido una figura clave en la recuperación del orden público tras años de permisividad kirchnerista, viene aplicando el protocolo antipiquetes con efectividad. Pero el juez, con una retórica cargada de ideología, pretende vaciar de contenido ese accionar al imponer restricciones operativas infundadas.
