Un juzgado de Bahía Blanca dictó este viernes una medida cautelar que suspendió los aumentos en las tarifas eléctricas autorizados por el gobierno de Axel Kicillof y ordenó a cuatro distribuidoras bonaerenses volver a aplicar el cuadro tarifario anterior a la resolución promulgada.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola, tras una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
Axel Kicillof junto a Gabriel Katopodis.
La medida alcanza a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, las cuatro empresas distribuidoras que operan bajo jurisdicción provincial. Edenor y Edesur quedaron fuera del fallo debido a que prestan servicio dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y están sometidas a otra jurisdicción.
La cautelar suspendió la aplicación de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, conducido por el kirchnerista y ex intendente de San Martin, Gabriel Katopodis. Los cuadros correspondientes a esa resolución fueron publicados oficialmente por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
El planteo de la Defensoría cuestionó particularmente la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes provinciales de la tarifa, al considerar que los nuevos valores fueron determinados sin una instancia previa de participación de los usuarios.
El juez hizo lugar al reclamo y determinó que, hasta que exista una sentencia definitiva, las empresas no podrán aplicar el cuadro tarifario cuestionado ni futuros aumentos sobre los componentes provinciales sin garantizar previamente la participación de los usuarios. Además, si una distribuidora ya cobró facturas utilizando los valores suspendidos, la diferencia deberá ser reconocida como saldo a favor del usuario en la siguiente factura.
El cuestionamiento a la administración de Kicillof
Kicillof ve frustado el encarecimiento de los servicios a los bonaerenses.
En los fundamentos de la cautelar, López Cóppola hizo referencia al derecho constitucional de los consumidores a recibir información adecuada y participar previamente en las discusiones relacionadas con la determinación de las tarifas. El gobierno bonaerense había argumentado que las actualizaciones formaban parte de un esquema de transición y que los mecanismos utilizados tenían antecedentes en audiencias públicas realizadas años atrás.
Sin embargo, el magistrado consideró relevante el prolongado período transcurrido desde la última instancia de participación de los usuarios y señaló que la notificación de una tarifa ya determinada no reemplaza una instancia previa de discusión.
De esta manera, el fallo representa un revés judicial para la administración de Kicillof en su política de aumentos en las tarifaras eléctricas. Mientras continúe vigente la cautelar, las cuatro distribuidoras alcanzadas deberán retrotraer los componentes cuestionados y esperar la resolución definitiva de la causa antes de volver a aplicar las subas suspendidas.
