El juez Santiago Carrillo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) contra la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Aquella medida buscaba que la institución brindara información sobre los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y proporcionara la documentación necesaria para auditar su rendición de cuentas.
En su fallo, Carrillo decidió además postergar el análisis sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 y la posible falta de competencia de la SIGEN para auditar a la UBA. Estas cuestiones serán evaluadas en la sentencia definitiva.
Dicho planteo había sido previamente presentado por la UBA a través de su rector, Ricardo Jorge Gelpi, en una acción declarativa de certeza, argumentando que la fiscalización interna de la universidad es "responsabilidad exclusiva" de la Auditoría General de la Nación (AGN), la cual está manejada por el kirchnerismo y los radicales.
Por otro lado, la SIGEN había iniciado una demanda contra la UBA solicitando autorización para auditar los recursos transferidos por el Estado nacional, invocando el artículo 59 de la Ley 24.521.
Como parte de esa acción, presentó un pedido de medida cautelar con el objetivo de acceder a información detallada sobre los procedimientos administrativos y contables de la universidad, incluyendo normativas de compras y contrataciones, adquisiciones realizadas con fondos públicos y acceso a los registros contables.
En su presentación judicial, la Sindicatura destacó la necesidad de implementar una medida cautelar para "ordenarle" a la UBA la remisión de diversas clases de información que garantizaran el "asegurar el estricto cumplimiento del art. 59, ley 24.521".
Entre los datos solicitados se incluyeron: "i) normativa interna de la universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario; ii) normas reglamentarias vigentes referidas al circuito de compras y contrataciones".
