En 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encargó a la vicepresidente Kamala Harris encabezar un proyecto multimillonario para reducir la cantidad de personas sin conexión a internet en Estados Unidos.
La administración demócrata asignó la impresionante cantidad de 42 mil millones de dólares para esta iniciativa, que debía conectar a millones de ciudadanos, especialmente en zonas rurales, a Internet de alta velocidad.
En su lanzamiento, se presentó como un programa transformador, con el objetivo de llevar banda ancha al 35% de la población rural del país que aún no tenía acceso. Además, se prometió que el plan no solo mejoraría la conectividad, sino que también generaría miles de empleos bien remunerados y fortalecería la competitividad de Estados Unidos en la economía digital.
Avanzando hasta 2024, este proyecto está en el centro de la polémica debido a su evidente fracaso. Los titulares de los medios estadounidenses formulan una dura pregunta: ¿Por qué el programa de 42 mil millones de dólares no ha logrado conectar ni un solo hogar?
Este hecho generó frustración e indignación en la gente, especialmente en las áreas rurales, a las cuales les prometieron cosas que no se terminaron cumpliendo. Tras casi cuatro años de la administración Biden-Harris en el poder, la falta de resultados deja en evidencia el enorme fracaso del programa.
Los críticos, incluidos algunos miembros del Congreso, acusaron al Gobierno demócrata de enfocarse en las prioridades incorrectas. En lugar de implementar un sistema ágil y eficiente para conectar a las personas a Internet, el proyecto se ha visto frenado por la burocracia, las demoras y un enfoque excesivo en metas políticas progresistas.
Durante una audiencia reciente, se mencionó que aspectos como los requisitos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), las políticas de cambio climático y la preferencia por redes gestionadas por el Estado terminaron desviando la atención de la misión principal del programa.
A menudo se trazan paralelismos con la gestión del expresidente Donald Trump respecto a la banda ancha, en especial con el servicio de Internet satelital Starlink de Elon Musk.
Bajo la administración de Trump, se le otorgó a Starlink 885 millones de dólares para conectar más de 600.000 hogares y negocios en las zonas rurales de Estados Unidos.
Starlink, considerado una opción económica, iba a ofrecer Internet a un costo de aproximadamente 1.300 dólares por hogar. Sin embargo, tras las críticas públicas de Biden hacia Musk, el gobierno revocó el subsidio a Starlink, lo que generó preguntas. Muchos sostuvieron que esta decisión tuvo un trasfondo estrictamente político.
Mientras tanto, los costos del despliegue de la banda ancha bajo la administración Biden aumentaron de forma desmedida. Algunos informes sugieren que el gobierno demócrata está gastando hasta 100.000 dólares por hogar para ofrecer acceso a Internet, muy lejos de la opción más económica de Starlink. Estas cifras dejan en evidencia la mala asignación de recursos por parte del Estado.
Para agravar la situación, mientras las comunidades rurales estadounidenses siguen sin acceso a Internet de alta velocidad, Kamala Harris anunció un plan para expandir la conectividad en África, con el objetivo de aumentar la cobertura del 40% al 80% en ese continente.
Para muchas personas, ese anuncio se vio como algo fuera de lugar, especialmente considerando el fracaso en el ámbito nacional. El hecho de priorizar el acceso a Internet en África mientras millones de estadounidenses siguen desconectados generó una fuerte reacción negativa.
Con las elecciones de 2024 acercándose, el incumplimiento de esta promesa podría convertirse en un obstáculo político importante para la administración demócrata.
