El Gobierno de Milei consiguió dictamen para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Frente a las inquietudes planteadas de manera personal por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, al presidente Javier Milei sobre el impacto de estas medidas en firmas norteamericanas, el equipo oficialista coordinado junto al funcionario Pablo Quirno circunscribió las penalidades a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos. De esta forma, mediante un criterio técnico solvente, quedaron eximidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos.

En el plano de la infraestructura institucional y la seguridad estratégica del Estado, la norma contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano unificado de conducción presidido por el Presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad —encabezado por Alejandra Monteoliva—, la secretaria Legal y Técnica y el secretario de Inteligencia de Estado.

El marco legal sanciona con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes ejecuten campañas de injerencia extranjera destinadas a manipular la opinión pública o alterar procesos electorales mediante financiamiento o directivas exteriores. La ley resguarda expresamente la actividad periodística, la investigación académica y la actividad diplomática, mientras el oficialismo afina la redacción definitiva de los artículos 127, 128 y 129 antes de su debate en el recinto.

Control sobre las inversiones extranjeras en sectores estratégicos

El proyecto incorpora un mecanismo de control previo de inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas bajo su control en sectores estratégicos para la seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional será el encargado de evaluar estas operaciones y podrá autorizarlas, imponer condiciones o recomendar su rechazo o una desinversión.

La revisión deberá basarse exclusivamente en riesgos concretos para la seguridad nacional, sin que la nacionalidad del inversor constituya por sí sola un motivo de rechazo. El procedimiento tendrá un plazo de 60 días hábiles, prorrogables por otros 30, y las decisiones de rechazo o desinversión requerirán un decreto presidencial fundamentado, con derecho de defensa y revisión judicial.

La normativa no tendrá efectos retroactivos ni afectará a los proyectos del RIGI cuyas solicitudes ya hayan sido presentadas. Además, respetará el dominio provincial sobre los recursos naturales y obligará al Ejecutivo a informar al Congreso sobre los rechazos y desinversiones dentro de las 48 horas.

El Gobierno del presidente Javier Milei alcanzó un triunfo legislativo fundamental al conseguir el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones del Congreso para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta iniciativa estratégica tiene como eje central proteger los derechos soberanos de la Argentina y endurecer de manera drástica las sanciones contra quienes exploten ilegalmente los recursos naturales de las Islas Malvinas. Reafirmando el mandato patriótico de la gestión libertaria, el diputado Santiago Santurio remarcó: "Malvinas es una causa nacional y debemos trabajar unidos para recuperarlas".

Tras acordar adecuaciones con bloques aliados, la iniciativa quedó plenamente perfilada para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. La fecha tentativa establecida por el oficialismo para la sesión es el jueves 12 de noviembre, contemplando eventuales ajustes en el cronograma parlamentario debido a la histórica visita oficial del Papa León XIV a la Argentina.

Impulsado fuertemente por el asesor presidencial Santiago Caputo, el proyecto agrava el régimen sancionatorio contra la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables en el Atlántico Sur. El articulado prevé severas multas, así como la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina para empresas, socios y proveedores que violen la norma.

Este organismo se encargará de coordinar la defensa, la inteligencia y la seguridad interior, reservándose la facultad de auditar, aprobar o vetar inversiones de Estados extranjeros en sectores neurálgicos como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

A su vez, tras la propuesta formulada por el diputado Eduardo Falcone (MID), se conformará una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, ante la cual el Poder Ejecutivo deberá informar las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas. La estructura institucional contemplará además la participación eventual del Presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y representantes del Ministerio de Seguridad Interior, delimitando las atribuciones operativas de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo.