Durante una entrevista en C5N, Kicillof cuestionó el enfoque del Gobierno de Javier Milei sin precisar qué cambios propone.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof escapo nuevamente a las cámaras y evitó fijar una posición concreta sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y calificó como “marketinera” la discusión sobre la delincuencia protagonizada por menores, durante una entrevista concedida a C5N.
Consultado sobre el debate, el mandatario sostuvo que se trata de “discusiones marketineras” que, según afirmó, se plantean “sin resolver los problemas” y “sin buscar las realidades”.
“Son discusiones marketineras, sin resolver los problemas, sin buscar las realidades. Por eso yo creo que sí, que hay muchas discusiones que hay que dar con mucha mayor profundidad y hay que darlas en favor de las cuestiones reales”, expresó Kicillof. Sin embargo, el gobernador kircherista no precisó cuál debería ser la respuesta del Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes ni desarrolló durante su respuesta una alternativa concreta al nuevo régimen.
La declaración se produce en medio de la disputa por la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. En la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Elba Pascual llegó a suspender su aplicación durante 60 días y, según reveló Eduardo Feinmann, habría reconocido en privado que actuó por pedido de Kicillof y del dirigente peronista Mariano Cascallares.
Frente a una de las principales discusiones de seguridad de las últimas semanas, y en la que es citado por una de las principales protagoniscas de la discusión como responsable, Kicillof concentró su respuesta en cuestionar la forma en la que se plantea públicamente el debate.
El mandatario habló de “marketing”, reclamó una discusión con “mayor profundidad” y pidió concentrarse en las “cuestiones reales”, pero no explicó concretamente qué respuesta considera adecuada para un adolescente de 14 o 15 años que comete un robo, un homicidio u otro delito grave.
La postura contrasta con la reforma impulsada a nivel nacional, que estableció un régimen diferenciado para los menores de edad y redujo de 16 a 14 años el piso de punibilidad. El nuevo esquema impulsado por el gobierno de Javier Milei no equipara a los adolescentes con los adultos: contempla establecimientos específicos, medidas alternativas al encierro, programas educativos y de reinserción y una pena máxima diferenciada.
