Entre otras medidas, el Gobierno planea acelerar el traspaso de juzgados laborales a la órbita de CABA.
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El presidente Javier Milei volvió a poner en la mira al fuero laboral, al retuitear un mensaje que promete "motosierra para la industria del juicio y los caranchos".
La frase, más que simbólica, anticipa una ofensiva del Gobierno contra lo que considera un sistema judicial alineado con el sindicalismo, que obstaculiza la inversión y afecta gravemente a las pequeñas y medianas empresas.
La preocupación del Gobierno: fallos adversos y litigiosidad récord
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo observa con preocupación una ola de fallos laborales que cuestionan decretos clave del Gobierno: el DNU 70/2023 (reforma laboral), el DNU 340 (regulación del derecho a huelga) y el DNU 430 (eliminación del Día del Trabajador del Estado). En todos los casos, los jueces fallaron en favor de los reclamos sindicales.
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Además, un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) reveló que entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron más de 126.000 demandas laborales, con un costo superior a 2 billones de pesos, equivalentes a 6,9 millones de salarios mínimos. Para 2025, se estima un récord de 130.000 juicios nuevos.
Críticas a jueces y estrategia política
Desde la Casa Rosada acusan a los jueces laborales de ser parciales, impunes y funcionales al sindicalismo. La jueza Moira Fullana es hoy el principal blanco de las críticas: declaró la inconstitucionalidad de artículos del DNU 340 y falló contra el Ejecutivo en otras causas sindicales.
El vocero presidencial Manuel Adorni la calificó como “jueza militante” y acusó a la "mafia sindical" de estar protegida por la "casta judicial".
Según dijo un funcionario del Gobierno a Infobae, abrir juicios políticos (jury) en el Consejo de la Magistratura y exponer públicamente a jueces con supuestos patrimonios inexplicables forman parte de la estrategia oficial para "desgastar al fuero".
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Cambios institucionales: traspaso de juzgados a CABA
En paralelo, el Gobierno planea acelerar el traspaso de juzgados laborales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño pueda actuar como instancia superior, como habilitó un fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2024.
Desde entonces, el TSJ ya recibió 180 causas derivadas del fuero nacional, de las cuales 140 corresponden al ámbito laboral. Esto permitiría al oficialismo sortear a los tribunales laborales nacionales, considerados hostiles.
Reformas al sistema de riesgos del trabajo
El informe de la UART detalla que, pese a la baja del 81% en la mortalidad laboral y del 55% en siniestralidad, aumentó la litigiosidad. Para las aseguradoras, esto se debe a pericias médicas infladas, intereses judiciales desproporcionados y un sistema judicial que convierte los juicios en negocios.
Por eso, el Ejecutivo analiza reformas en el sistema de riesgos del trabajo para sancionar a los abogados que presenten demandas infundadas y desincentivar el uso especulativo de los tribunales laborales.
