Llaryora propone nuevas autoridades para la Justicia de Córdoba
El gobernador impulsa figuras con trayectoria, pero también ligadas a estructuras de poder partidario.
Martín Llaryora envió a la Legislatura los pliegos de tres candidatos para ocupar cargos clave en la Justicia cordobesa. Las propuestas incluyen a Jessica Valentini para el Tribunal Superior de Justicia y a Pablo Bustos Fierro y Pablo Pupich para el Ministerio Público de la Defensa.
Aunque se destacan por su formación y experiencia, las nominaciones no han estado exentas de críticas. Sus lazos con gobiernos previos y figuras políticas plantean dudas sobre la independencia del Poder Judicial.
Jessica Valentini y su pasado político
Valentini, de 62 años, ha trabajado en gobiernos radicales y peronistas, desde Angeloz hasta Schiaretti. Su currículum incluye cargos en el ámbito público y un enfoque en derechos sociales, especialmente en defensa del consumidor y derechos infantiles.
También es fundadora del COMIPAZ y activa en Cáritas, lo que refuerza su perfil social. Sin embargo, su cercanía con estructuras políticas genera escepticismo sobre su imparcialidad.
Bustos Fierro, del Ministerio Público al Tribunal Superior
Pablo Alfredo Bustos Fierro tiene una extensa trayectoria en el sistema judicial. Ha ocupado cargos en la Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal Oral Federal, y actualmente es Fiscal General Adjunto.
Su nominación, aunque técnica, se cuestiona por su participación en organismos sensibles vinculados a decisiones de alto impacto político.
Pupich: especialización y dudas sobre transparencia
Pablo Pupich, con una destacada formación en derecho penal y experiencia en el Poder Judicial desde 1997, se propone como Defensor Adjunto. Ocupa un rol jerárquico por concurso, pero su relación con figuras del ámbito político genera cuestionamientos.
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Un Poder Judicial bajo la lupa
Llaryora afirma que las designaciones buscan independencia y equidad en la Justicia. Sin embargo, las nominaciones revelan continuidades con redes de poder tradicionales.
La propuesta reabre el debate sobre el equilibrio entre méritos técnicos y vínculos partidarios en los máximos cargos judiciales de Córdoba.
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