Los mapuches amenazaron al Gobierno de Milei tras la habilitación de los desalojos

Sin embargo, fuentes del gobierno revelaron que "en varios sectores donde aseguran tener arraigo ancestral, no había nadie hasta que el proyecto Vaca Muerta comenzó a tener forma. No es más que un oportunismo inmobiliario".

En Villa la Angostura, donde avanza la construcción de la inconclusa ruta de Circunvalación, miembros de la comunidad Paicil Antriao se asentaron a lo largo de esa traza para frenar el avance de la obra y negociar indemnizaciones por expropiación a cambio de nuevos lotes fiscales. "El modus operandi, en el caso de Vaca Muerta, es similar", señalaron desde el Gobierno.

La emergencia en cuanto a la posesión y propiedad de tierras ocupadas por los indígenas estaba establecida en el artículo 1° de la polémica Ley 26.160, promulgada en 2006. Esta normativa se convirtió en el principal argumento de las comunidades involucradas en disputas territoriales en la Patagonia.

La ley disponía un relevamiento territorial de las comunidades mapuches del país, que quedó incompleto en la mayoría de las provincias.

Jorge Nahuel, líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, manifestó que la derogación de la emergencia "nos deja librados a una batalla sin control" y amenazó que "puede generar enfrentamientos que lleven a situaciones que todo el mundo va a lamentar después".

En Río Negro, los mapuches afirmaron que la eliminación de los artículos de la Ley 26.160 provocará "desalojos, el uso de la fuerza y a conflictos en todo el país, donde los mapuches pelean por las tierras que ocuparon sus ancestros".

"Ahora el gobierno tiene vía libre para reprimir y para sacarnos, con la idea de vender esas tierras a los capitalistas y amigos del gobierno", expresaron los usurpadores de tierras.

La decisión de Javier Milei, que también derogó el Decreto 805/2021, explica que la situación generaba inseguridad jurídica, conflictos territoriales y limitaciones para el desarrollo económico en varias provincias.

La ley mencionaba en sus fundamentos que fue aprobada "para frenar desalojos y avanzar en la regularización de tierras ocupadas por comunidades indígenas reconocidas oficialmente".

Sin embargo, el decreto firmado por Milei y sus ministros este martes sostiene que las prórrogas sucesivas de la emergencia promovieron "un abuso del sistema", con un aumento en la inscripción de comunidades sin cumplir los requisitos necesarios, lo que habría intensificado los conflictos territoriales en vez de solucionarlos.

La Confederación Mapuche de Neuquén calificó la derogación como un supuesto "acto de regresión en los derechos de los pueblos originarios".