La política de fronteras abiertas, encabezada por el presidente socialista español, Pedro Sánchez, ya genera efectos hasta en las cárceles de su país.
Los inmigrantes marroquíes, muchos de ellos ilegales, encabezan la lista de presos extranjeros en instituciones penitenciarias de España, representando el 27,55% del total, con 3.841 internos, según informes recientes.
Colombia ocupa el segundo lugar con 1.502 presos, seguida de Rumanía (1.156) y Argelia (1.000). Estas cuatro nacionalidades juntas constituyen más de la mitad del total de presos extranjeros en el país, alcanzando una tasa del 53,75%. Entre otras nacionalidades con un elevado número de internos se encuentran Ecuador, Brasil, Portugal, Senegal y Albania.
En cuanto a la distribución regional, Madrid registra el mayor número de presos extranjeros, con 3.356 internos, seguida de Andalucía y Valencia, que también albergan una proporción significativa de esta población penitenciaria.
Pedro Sánchez, presidente de España.
Este panorama se produce en un contexto de creciente inmigración ilegal marroquí en España, que ha experimentado un notable incremento en los últimos años gracias a la política de fronteras abiertas del gobierno socialista.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad marroquí es la más numerosa entre los extranjeros residentes en el país, llegando prácticamente al millón de personas. Este flujo inmigratorio plantea desafíos, tanto en términos de integración como en el ámbito de la seguridad.
Según comunicaron medios españoles, en los últimos cinco años, aproximadamente 30.000 delincuentes, incluidos un significativo número de terroristas islamistas, han sido liberados en Marruecos gracias a indultos reales otorgados por el rey Mohamed VI. El ciclo más reciente de estas medidas de gracia, que benefició a cerca de 2.500 personas, tuvo lugar el pasado mes de julio durante la celebración de la Fiesta del Trono.
Pedro Sánchez, presidente de España.
En España, los servicios de seguridad del Estado expresaron preocupación sobre el destino de estos exconvictos, particularmente aquellos con perfiles violentos, criminales o incluso terroristas.
Fuentes de la Comisaría General de Información, en conversaciones con el medio OKDIARIO, afirmaron que la situación es alarmante: "Que un país vecino, cuyos ciudadanos ingresan por miles a través de vías ilegales aéreas, marítimas y terrestres, tenga a 30.000 personas liberadas por indulto es motivo suficiente para extremar la vigilancia", reconocen.
No es un secreto, señalan las mismas fuentes, que una parte de los ciudadanos marroquíes que ingresan de manera irregular en España posee antecedentes penales en su país de origen. De hecho, con frecuencia se detectan alertas judiciales o procesos de búsqueda y captura cuando estas personas son arrestadas por delitos cometidos en territorio español.
