Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron este martes en contra de concederle la prisión domiciliaria a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad. Según el dictamen presentado ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, la pena debe cumplirse en una unidad penitenciaria, descartando que su condición de edad o su rol institucional justifiquen un régimen especial.
La defensa de Cristina Kirchner había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando, entre otras razones, su edad —72 años— y su estatus como ex jefe de Estado, además del antecedente del intento de asesinato ocurrido en septiembre de 2022. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esos fundamentos y pidió al tribunal que se rechace el planteo.
Los argumentos del Ministerio Público
En un escrito de 10 páginas, los fiscales remarcaron que la ley no impone la prisión domiciliaria como un derecho automático por edad, sino que establece que “podrá” otorgarse bajo determinadas condiciones.
“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión”, advirtieron Luciani y Mola.
Además, subrayaron que la expresidente no presentó motivos de salud que justifiquen su permanencia fuera de un penal. Respecto a las preocupaciones por seguridad, el dictamen destacó que estas pueden ser adecuadamente neutralizadas en los establecimientos propuestos por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
El fallo podría conocerse en las próximas horas
Con la presentación del dictamen, el TOF N.º 2 quedó en condiciones de resolver el planteo de la defensa kirchnerista. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, se espera que la resolución se conozca durante el transcurso del día, ya que el tribunal pretende evitar demoras innecesarias.
Cabe recordar que la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fue dictada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la adjudicación de obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
