El expresidente dijo que fue presionado para liberar pagos a Madres pese a irregularidades detectadas en las obras.
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Mauricio Macri declaró este miércoles en el juicio por Sueños Compartidos y apuntó directamente contra el kirchnerismo. Ante el Tribunal Oral Federal N° 5, aseguró que Alberto Fernández lo presionó para que autorizara pagos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, aun cuando ya existían serias irregularidades en la ejecución de las obras.
Según relató, al inicio de su gestión recibió advertencias de su entonces ministro Esteban Bullrich sobre inconsistencias en los certificados. En ese marco, sostuvo que la fundación había cobrado más del doble de lo que efectivamente se había ejecutado, lo que motivó la decisión de frenar nuevos pagos en esas condiciones.
El presidete y la fallecida fueron mencionados en las declaraciones.
Macri señaló además que trabajar con la fundación que encabezó la fallecida Hebe de Bonafini resultaba “traumático”, aunque admitió que por el paso del tiempo no recordaba todos los detalles. Aun así, su testimonio reforzó uno de los ejes centrales del proceso judicial: la existencia de presiones políticas para sostener el flujo de fondos pese a las irregularidades detectadas.
La causa investiga un presunto esquema de administración fraudulenta entre 2008 y 2011 a través del programa de viviendas sociales Sueños Compartidos. Entre los acusados se encuentran los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, junto a exfuncionarios del kirchnerismo que ocuparon cargos clave en la gestión de la obra pública.
En ese contexto, también están imputados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López —ya condenado en otras causas por corrupción—, además de Abel Fatala y Luis Bontempo. Todos ellos formaban parte de la estructura estatal que debía controlar la asignación y ejecución de los fondos, lo que refuerza la hipótesis de un esquema sostenido desde distintos niveles del poder político.
El condenado Julio de Vido junto a la fallecida abuela plaza de mayo.
De acuerdo con la acusación fiscal, se transfirieron más de 700 millones de pesos para la ejecución de los proyectos, y una parte significativa de esos fondos habría sido desviada. El monto cuestionado supera el 23% del total, lo que da cuenta de la magnitud del presunto perjuicio al Estado.
En audiencias anteriores, Sergio Schoklender también apuntó contra Bonafini y sostuvo que recursos destinados a viviendas terminaron siendo utilizados con fines políticos. Ese contexto, sumado a lo declarado por Macri, vuelve a exponer un patrón de manejo discrecional de fondos públicos en nombre de programas sociales durante el kirchnerismo.
