Desde su llegada al poder, la primer ministro italiana, Giorgia Meloni, se convirtió en uno de las principales figuras de derecha en todo el mundo. El líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, elogió repetidamente su gestión migratoria como un ejemplo a seguir.
Además, dentro de Italia, las políticas implementadas se alinean estrechamente con el conservadurismo de líderes como Viktor Orbán, Marine Le Pen o Geert Wilders.
En septiembre, la presidente del partido Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia) presentó al Parlamento su nueva "ley antipiquetes", que penaliza los cortes de calle de sindicalistas, manifestantes violentos o de activistas climáticos, estableciendo penas de hasta dos años de prisión.
Esta nueva normativa de seguridad ciudadana, apodada "ley anti-Gandhi" por la oposición, crea 20 nuevos delitos y aumenta las penas para quienes se resistan a la policía.
Además, prevé sentencias de hasta ocho años de prisión para quienes participen en huelgas de hambres. La oposición, al igual que en Argentina, advierte que, si es aprobada por el Senado, la ley podría, según ellos, "prohibir las protestas en las calles".
Meloni también prometió endurecer las políticas hacia los inmigrantes ilegales, una de sus principales prioridades. Entre las propuestas se incluye la exigencia de que los extranjeros obtengan un permiso de residencia para adquirir un teléfono. Además, su administración contempla interesantes medidas como la castración química para violadores.
Estas iniciativas, apoyadas por gran parte de la sociedad, generaron críticas de la oposición, organizaciones juveniles y sindicatos como la CGIL y UIL, dos de los principales del país.
Recientemente, algunos de manifestantes de izquierda se reunieron en Roma bajo el lema "Toda represión es un fracaso. Libertad de expresión y protesta", en defensa de los delincuentes y asesinos.
Como también ocurre en Argentina, algunos jueces a favor de los delincuentes, como el fiscal de Nápoles, Fabrizio Vanorio, calificaron estas leyes como "técnicamente fascistas", llegando a compararlas con las políticas de Mussolini o las de la Hungría de Orbán.
Desde que Meloni asumió el cargo en 2022, la primer ministro prometió frenar la inmigración ilegal y garantizar la seguridad nacional, especialmente en el sur de Italia.
Uno de sus primeros actos en el poder fue la aprobación de un decreto que prohíbe las reuniones de más de 50 personas si estas implican ocupaciones o suponen una amenaza al orden público, tras el desalojo de una rave ilegal en Módena que atrajo a más de 3.000 personas de toda Europa. La medida también autorizaba intervenciones telefónicas para aquellos sospechosos de organizar dichas reuniones.
Con el respaldo de algunos socios europeos, Meloni promovió otras medidas de seguridad que incluyen la encarcelación de delincuentes jóvenes, mujeres embarazadas y madres de recién nacidos, así como la detención automática de inmigrantes ilegales.
Esto demuestra que bajo la administración de Giorgia Meloni, los delincuentes van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, sin ningún tipo de privilegios por su condición.
