El presidente Javier Milei expresó su respaldo al proyecto de ley promovido por el PRO en la Cámara de Diputados que busca eliminar la pensión de privilegio y la custodia a funcionarios condenados por delitos cometidos durante el desempeño de su función pública.
Esta iniciativa tiene como objetivo al kirchnerista Alberto Fernández, quien enfrenta cargos penales relacionados con la causa de los seguros y una acusación de "violencia de género" por presuntamente agredir a su expareja, Fabiola Yáñez.
“Me encanta la idea. Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma”, comentó el presidente sobre la propuesta, citando un tuit del diputado Damián Arabia, uno de los autores del proyecto.
Hubo dos proyectos para eliminar la pensión de privilegio al expresidente. Uno fue liderado por Silvana Giudici y 12 diputados del PRO, y el otro por Damián Arabia, también del bloque que dirige Cristian Ritondo. La propuesta busca modificar la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se propone añadir dos párrafos que establezcan que los funcionarios condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de su función pública perderán el régimen especial y se someterán al régimen general correspondiente.
El texto indica que los privilegios se eliminarán tras una condena firme en segunda instancia y abarca delitos como corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos contra la integridad sexual. Además, establece la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos para quienes sean condenados por violencia o violaciones.
Por su parte, Arabia presentó una propuesta similar que prevé la eliminación de la pensión a partir de un procesamiento judicial y no contempla el retiro de la custodia. Ambos legisladores planean eventualmente unificar los proyectos para avanzar en las comisiones.
De acuerdo con información de ANSES de abril, la pensión de Alberto Fernández como expresidente asciende a 7 millones de pesos. Fernández inició el trámite en diciembre, tres días después de dejar la Casa Rosada, y el pago fue autorizado tres meses después.
En el marco de la denuncia de Yáñez, se ha planteado la necesidad de revisar los privilegios de los expresidentes en función de sus condenas judiciales. Se argumenta que la mala conducta de un exjefe de Estado no solo traiciona la confianza ciudadana, sino que perpetúa ciclos de injusticia y desigualdad.
La causa judiciales contra Alberto Fernández
La Justicia investiga a María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, y a Héctor Martínez Sosa, esposo de Cantero y broker de seguros, por posibles beneficios obtenidos a través de contactos con el expresidente. Durante la investigación, surgieron evidencias de "violencia de género", lo que llevó a Yáñez a formalizar su denuncia.
En el documento presentado, con la asistencia técnica de la abogada Mariana Gallego, Yáñez describe agresiones, golpes y malos tratos sufridos durante su relación con Fernández. También acusó al Ministerio de la Mujer, creado bajo la presidencia de Alberto Fernández, de no ofrecerle apoyo.
Actualmente, Yáñez se prepara para declarar ante el fiscal federal Ramiro González y ampliar su denuncia. La justicia deberá decidir si la causa continúa en los tribunales de Comodoro Py o se traslada a la jurisdicción de San Isidro, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en la Quinta de Olivos.
