En línea con su plan de transformación del Estado, el Gobierno nacional avanza con una decisión crucial que podría marcar un antes y un después en el rumbo de la ciencia argentina. La Casa Rosada ultima detalles de un decreto que le permitirá participar activamente en la definición de las líneas de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el principal organismo de ciencia y tecnología del país.
El objetivo es claro: terminar con la captura ideológica que, durante años, desvió fondos públicos hacia investigaciones irrelevantes y priorizar el desarrollo técnico, productivo y estratégico. “Lo que queremos es poder definir qué se investiga y qué no, para priorizar lo técnico por sobre informes que hablan de Batman”, señalaron fuentes oficiales con determinación.
Javier Milei, el presidente argentino.
El texto del decreto ya fue revisado por los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de su publicación en el Boletín Oficial, sectores del oficialismo aseguran que la iniciativa cuenta con el visto bueno del presidente Javier Milei. Otros, más cautos, no descartan una breve postergación estratégica.
Paralelamente, el Ejecutivo ya tiene listo otro decreto para reestructurar el directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), organismo clave que financia los proyectos científicos. En lugar de los once miembros anteriores, el nuevo directorio estará compuesto por solo tres personas, designadas directamente por el Gobierno en los próximos días. Un paso más hacia una gestión más ágil, profesional y alineada con los intereses del país.
La agencia I+D+I depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y administra los fondos FONCyT, FONTAR y FONARSEC, con un presupuesto de $25.000 millones y una planta de 165 empleados. Su función seguirá siendo esencial, pero ahora bajo una conducción técnica que maximice el impacto de cada peso invertido.
Un proyecto del ultra sesgado, CONICET.
En cuanto al CONICET, el Gobierno planea una serie de reformas que, aunque graduales, resultarán determinantes. El organismo cuenta con 26.781 trabajadores (11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos) y opera con un presupuesto anual de $580.000 millones. Su infraestructura incluye 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 institutos distribuidos por todo el país.
La conducción actual está en manos de un directorio de ocho miembros, más el presidente -Daniel Salamone-, todos nombrados o validados por el Poder Ejecutivo. Aunque la renovación del directorio sigue su curso habitual, el Gobierno estudia cambios estructurales: en particular, una reforma del proceso de ingreso para priorizar perfiles técnicos y limitar la incorporación de investigadores en ciencias sociales y humanidades, un sector históricamente dominado por el sesgo ideológico y el gasto improductivo.
La decisión se enmarca en una lógica de sentido común: reorientar los recursos del Estado hacia áreas con impacto real en la vida de los argentinos, como la energía, la salud, la ingeniería y la minería. La ciencia, bajo este nuevo paradigma, no será un lujo para ensayos académicos sin aplicación, sino una herramienta de desarrollo nacional.
