Con el propósito de fortalecer la competitividad del sector agroindustrial, el presidente Javier Milei ha eliminado los derechos de exportación, comúnmente denominados “retenciones”, para ciertos productos del campo. Además, ha reducido en un 25% los impuestos aplicados a distintas cadenas de carne, como la bovina y la aviar, entre otras.
La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 697/2024 en el Boletín Oficial y abarca productos de la categoría vaca, excluyendo animales vivos clasificados como A, B, C, D y E, así como productos de la cadena porcina. Esta acción busca mejorar la competitividad del sector e impulsar la proyección internacional de productos con alta demanda global.
El decreto también elimina definitivamente los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un impuesto que varía entre el 4,5% y el 9%. Hasta la publicación de la normativa, este tributo estaba temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación, se espera que la industria láctea gane previsibilidad, aumentando su productividad e inversiones.
En paralelo, se ha implementado una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales, cuyo impuesto actual se encuentra entre el 4,5% y el 9%. El Gobierno considera que las proteínas animales agregan valor a los granos y tienen un impacto federal significativo, ya que los productos beneficiados por esta medida se producen en todas las provincias del país.
Tal como se menciona en el considerando, uno de los objetivos de esta medida es, por un lado, “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país para obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional” y, por otro, “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como los recursos naturales o las especies animales o vegetales”. Ambos objetivos son fundamentales en el Código Aduanero.
Además, se destacó que “la medida busca fomentar un aumento en las ventas hacia mercados externos, mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores, fortalecer la permanencia de la población rural en las distintas regiones del país, y contribuir a la mejora de la calidad de los productos”.
Esta decisión forma parte de un proceso de desregulación, reducción de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites comerciales. El Gobierno ha señalado que pretende aligerar la carga del Estado sobre la producción agropecuaria, que genera 1.2 millones de empleos y es responsable del 63% de las exportaciones argentinas. El año pasado, los derechos de exportación de estas categorías alcanzaron más de USD 70 millones.
En este marco, el decreto indica que “se ha observado un crecimiento interanual constante en los volúmenes de exportación de productos lácteos, a pesar de que los precios promedio de exportación han sido más bajos que en meses anteriores. Esto sugiere un aumento en la realización de operaciones, con menor riesgo ante las fluctuaciones en la cotización internacional”. También se menciona que “la mejora en el tipo de cambio desde diciembre de 2023 ha impulsado este crecimiento, con un impacto positivo en el precio pagado al productor y en la rentabilidad promedio de los tambos, que muestra una tendencia positiva en los últimos meses, con valores no registrados desde marzo de 2020”.
