Además, se destacó que “la medida busca fomentar un aumento en las ventas hacia mercados externos, mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores, fortalecer la permanencia de la población rural en las distintas regiones del país, y contribuir a la mejora de la calidad de los productos”.
Esta decisión forma parte de un proceso de desregulación, reducción de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites comerciales. El Gobierno ha señalado que pretende aligerar la carga del Estado sobre la producción agropecuaria, que genera 1.2 millones de empleos y es responsable del 63% de las exportaciones argentinas. El año pasado, los derechos de exportación de estas categorías alcanzaron más de USD 70 millones.
En este marco, el decreto indica que “se ha observado un crecimiento interanual constante en los volúmenes de exportación de productos lácteos, a pesar de que los precios promedio de exportación han sido más bajos que en meses anteriores. Esto sugiere un aumento en la realización de operaciones, con menor riesgo ante las fluctuaciones en la cotización internacional”. También se menciona que “la mejora en el tipo de cambio desde diciembre de 2023 ha impulsado este crecimiento, con un impacto positivo en el precio pagado al productor y en la rentabilidad promedio de los tambos, que muestra una tendencia positiva en los últimos meses, con valores no registrados desde marzo de 2020”.
