El Gobierno está por anunciar la eliminación de los cargos hereditarios en el sector público, medida que se concretaría por decreto este jueves. Según fuentes de la Casa Rosada, el objetivo es terminar con los privilegios de ciertos empleados estatales, quienes podían heredar su cargo a familiares tras su fallecimiento.
Esta decisión refuerza el compromiso del Gobierno de reducir los puestos en el Estado, luego de que esta semana se anunciaran la reubicación de 3100 cargos en la ex-AFIP y la intimación para que 10.000 empleados inicien sus trámites de jubilación.
Apuesta por la idoneidad y la eficiencia
Los cargos hereditarios fueron disueltos previamente durante la presidencia de Mauricio Macri mediante el decreto 732/2018, que promovía la selección de empleados públicos en base a su idoneidad. Sin embargo, el decreto fue revertido en 2019 por Alberto Fernández. Ahora, la nueva administración retoma la senda de garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar prerrogativas injustas.
Entre los organismos afectados por esta normativa se encuentran la AFIP y el Banco Central, entre otros. Esta medida también retoma el espíritu de un proyecto de ley presentado por el diputado Alejandro Bongiovanni, quien denunció la existencia de una “prerrogativa de sangre” en ciertos organismos del sector público.
Déficit cero: una política integral
Además de eliminar los cargos hereditarios, el Gobierno avanza en una política integral de reducción del gasto público. Esta semana se enviaron 10.000 intimaciones a empleados que deben iniciar su jubilación, de los cuales 6800 pertenecen a planta permanente.
Esta medida se suma a los despidos ya anunciados en la ex-AFIP y el Senado, acercándose al objetivo de 75.000 despidos planteado por el presidente Milei en junio. La estrategia forma parte de la búsqueda de equilibrio fiscal y déficit cero, pilares de la actual política económica.
El plan de reducción del personal estatal incluye un examen de idoneidad para los contratos transitorios, asegurando que solo aquellos que cumplan con los requisitos adecuados permanezcan en sus cargos.
Con estas decisiones, el Gobierno reafirma su compromiso con la eficiencia, el ahorro fiscal y la igualdad de oportunidades en el acceso a la administración pública, eliminando privilegios y avanzando hacia un Estado más justo y equilibrado.
