El crimen que sacude a Carmen de Areco expone, una vez más, el modo en que el kirchnerismo protege a los suyos, incluso cuando se los acusa de los peores delitos.
Un geriátrico provincial, una anciana de 89 años con demencia y dos ACV, un abuso sexual y un responsable: Darío Solís, militante de La Cámpora y amigo personal del intendente peronistaIván Villagrán.
El hecho fue denunciado por una enfermera que, en lugar de recibir apoyo por su valentía, sufrió extorsiones para que el caso no se hiciera público.
El acusado, que ahora se encuentra detenido en San Andrés de Giles, había obtenido el puesto gracias a su relación con el intendente y, en plena campaña electoral de 2023, también recibió un lote con servicios en un sorteo municipal.
Máximo Kirchner, líder de La Cámpora.
El kirchnerismo hace silencio
Luego de que el caso fuera expuesto en el programa La Cornisa, el intendente Villagrán apagó su celular y evitó responder preguntas. Las redes sociales estallaron de indignación, y en Carmen de Areco ya se habla de un nuevo caso "Guazzora", en referencia a otro militante kirchnerista envuelto en delitos aberrantes.
El director del Hospital Subzonal Nuestra Señora del Carmen, Fernando Romero, intentó controlar el daño con una conferencia de prensa que solo generó más dudas.
En paralelo, la Municipalidad emitió un comunicado atribuyéndose la detención de Solís, cuando en realidad es la Justicia la única facultada para hacerlo.
Como último intento por defenderse, Solísgrabó un video proclamando su inocencia y asegurando que "la verdad saldrá a la luz". Sin embargo, su situación judicial es grave, y su vínculo con la política local agrava aún más el escándalo.
La Cámpora hace silencio.
Ante la falta de respuestas del Ejecutivo municipal, la oposición tomó cartas en el asunto. La concejal de Juntos, Carina Heffler, solicitó una sesión extraordinaria para tratar la situación, invocando la Ley Orgánica de las Municipalidades.
"Es fundamental que el poder legislativo local se pronuncie sobre este hecho aberrante", declaró, dejando en claro que el caso no puede quedar en la impunidad.
Este caso vuelve a demostrar que, cuando salen a la luz los crímenes aberrantes del kirchnerismo, optan por callar, encubrir y proteger a los suyos.
Mientras una anciana de 89 años fue víctima de un abuso dentro de una institución del Estado, el aparato político peronista se preocupa en blindar a un militante acusado de cometer el crimen.
