Una situación que comenzó como un gesto solidario terminó en un prolongado conflicto judicial.
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Una mujer que había prestado su departamento del Plan Procrear a una compañera de trabajo hace dos años logró recuperarlo recientemente tras un juicio de desalojo y se encontró con el inmueble vandalizado, con millonarias deudas acumuladas y mensajes políticos pintados en las paredes.
La vivienda está ubicada en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios. Se trata de un departamento que había sido entregado nuevo y sin uso previo.
Sin embargo, cuando la puerta se abrió a fines de noviembre pasado, en presencia de un oficial de justicia, lo que apareció fue un espacio inhabitable: paredes destrozadas y grafiteadas, vidrios rotos, artefactos desaparecidos y lleno de suciedad.
El caso
Mariela había recibido el departamento a través del programa Procrear, pero en marzo de 2023 todavía mantenía vigente un contrato de alquiler que resultaba costoso de cancelar.
En ese contexto, decidió prestarle el inmueble a una compañera de trabajo, una militante ultra kirchnerista, bajo un acuerdo “de palabra”. La modalidad era la de un comodato temporario: no habría pago de alquiler, pero la ocupante debía hacerse cargo de las expensas y los servicios.
Nada de eso ocurrió. Según el relato de la propietaria, la mujer no cumplió con los pagos y, cuando llegó el momento en que Mariela necesitaba mudarse a su propio departamento, se negó a desocuparlo.
Además de dejar una deuda millonaria, justificó su permanencia con un argumento que sorprendió a la dueña. “A mí no me hicieron ningún favor, en realidad. Ustedes tendrían que haber ido a vivir. Es una vivienda del Estado y que, prácticamente, la están sacando gratis. Y parte la pagué yo también porque eso sale de la plata de los impuestos de todos nosotros”, afirmó la militante kirchnerista.
Grafitis en las paredes.
El conflicto derivó en un proceso judicial. Aunque la sentencia de desalojo fue emitida en julio de 2025, recién pudo hacerse efectiva el mes pasado. Cuando Mariela entró en su departamento, la sensación fue la de estar ingresando en un lugar ajeno. A pesar de haber recuperado las llaves y el derecho legal sobre la propiedad, no pudo reconocerse en ese espacio que alguna vez pensó como su hogar.
Las paredes estaban cubiertas de grafitis con mensajes cargados de resentimiento y consignas políticas. “Vos que me ensuciaste en público, ahora espero que disfrutes limpiando las paredes”, decía una de las pintadas.
En el pasillo, un texto más extenso expresaba: “Acá, en este cuarto, en estos muros queda la energía de un Procrear sin acomodos. La apuesta por un futuro mejor, la certeza de que la vida puede ser de todxs. Y aunque los favores se deben devolver, la dignidad no se negocia”. Además, también podían verse consignas como “Viva Perón”, escrito con letras grandes en toda la pared.
Grafitis en las paredes.
Durante los casi dos años que la ocupante ilegal permaneció en el departamento, la convivencia con los vecinos del complejo Estación Buenos Aires se volvió cada vez más conflictiva. Las quejas se multiplicaron en el grupo de WhatsApp del consorcio, con reiterados reclamos por música a alto volumen, discusiones constantes y llamados a la policía.
Vecinos alertaban sobre la presencia habitual de policías en el piso donde residía la mujer y expresaban su cansancio ante la falta de respuesta. “Ya fui tres veces a pedir al 3K que baje la música. Nadie más lo escucha”, protestó una vecina, mientras otra admitía: “Ya les grité por la ventana, me tienen harta. Estoy harta de los ruidos”.
Ahora, Mariela utilizará sus vacaciones para invertir una gran suma de dinero, arreglar su departamento y realizar la mudanza definitiva, que tendrá lugar a fines de febrero o principios de marzo.
