En un reciente comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se instó al Gobierno de Javier Milei a "investigar con diligencia los hechos ocurridos" durante la "protesta" del 12 de marzo en Buenos Aires.
En esta "protesta", que pareció más un intento de golpe de Estado, 46 personas resultaron heridas, tanto policías como manifestantes, junto con millonarios destrozos en el centro porteño.
Sin embargo, el pronunciamiento de la ONU parece más un respaldo indirecto a los violentos sectores opositores que intentaron desestabilizar al gobierno democrático de Javier Milei.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, manejada por la extrema izquierda europea, también anunció que va a investigar a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por defender el orden público en Argentina.
El Gobierno denunció por sedición y asociación ilícita a los barrabravas terroristas
Durante los disturbios en las inmediaciones del Congreso, fueron identificados reconocidos barrabravas y dirigentes kirchneristas vinculados a organizaciones sindicales y clubes de fútbol. Este hecho refuerza la creencia de que los disturbios fueron premeditados y organizados con fines políticos, en lo que algunos ya califican como un intento fallido de golpe de Estado.
El informe oficial detalla que entre los detenidos, 25 presentan graves antecedentes por narcotráfico, robos, hurtos y agresiones a la autoridad, lo que confirma la participación de elementos delictivos en las manifestaciones.
A pesar de esto, la ONU optó por centrarse en criticar el "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad, sin considerar la gravedad de las amenazas a la estabilidad institucional del país.
Jan Jarab, representante de extrema izquierda del Alto Comisionado para América del Sur, sostuvo que "la existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación". No obstante, omitió señalar la naturaleza violenta y planificada de los ataques.
El Gobierno denunció por sedición y asociación ilícita a los barrabravas terroristas
El comunicado también subrayó que "el uso de la fuerza debe respetar en todo momento los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas", algo que el Gobierno de Milei cumplió, en un contexto en donde estaba en peligro la República.
Resulta llamativo que, mientras el Gobierno de Javier Milei trabaja por mantener el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos, la ONU emita un mensaje respaldando de manera indirecta a los sectores que buscan sembrar el caos y la violencia.
En un contexto donde la democracia está en juego, los organismos internacionales no deberían dar legitimidad a quienes atentan contra el orden constitucional.
Esta no es la primera vez que la ONU defiende a delincuentes y asesinos. En numerosos países, como por ejemplo El Salvador, la ONU criticó abiertamente al presidente Nayib Bukele, quien se enfrentó y derrotó a bandas criminales que aterrorizaron a la población durante décadas.
