La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este 12 de mayo una marcha universitaria, una movilización puramente política que se organiza sobre argumentos falsos vinculados al financiamiento del sistema y en defensa de una ley que actualmente está suspendida por la Justicia.
El eje del reclamo gira en torno a un supuesto desfinanciamiento que no existe. Los fondos destinados a las universidades, incluyendo las áreas críticas como los hospitales universitarios, fueron cubiertos y actualizados por el Gobierno de Javier Milei, en línea con el presupuesto aprobado.
Uno de los puntos centrales de la movilización es la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que establece aumentos automáticos del gasto sin definir una fuente de financiamiento concreta, una obligación legal para toda ley.
Se trata de una ley deficitaria que impone obligaciones presupuestarias insólitas, con gastos de hasta 2,5 billones de pesos, y tiene como único objetivo destruir el superávit fiscal y quebrar al Estado.
Por este motivo, la ley fue suspendida recientemente por la Justicia, lo que impide su aplicación en las condiciones actuales. A pesar de esto, la movilización insiste en reclamar su implementación, reforzando un planteo que se sostiene en una norma que no puede ejecutarse y que compromete la estabilidad macroeconómica de todo el país.
El trasfondo del conflicto no es presupuestario, sino político. Durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, la educación sufrió un fuerte desfinanciamiento sin que se registraran marchas de esta magnitud ni reclamos de la intensidad actual.
Javier Milei y Alejandro Álvarez.
La ausencia de movilizaciones en ese período contrasta con la convocatoria presente y deja en evidencia que el objetivo no es la defensa del sistema educativo, sino la confrontación política.
La marcha del 12 de mayo busca intentar instalar una narrativa de crisis que no se corresponde con los datos reales de ejecución presupuestaria.
El Gobierno de Milei presentó documentos oficiales en donde se puede ver que los recursos están asignados, el funcionamiento está garantizado y las transferencias fueron realizadas.
En este contexto, la movilización se configura como una acción orientada a presionar por una expansión del gasto estatal sin respaldo, utilizando argumentos que no reflejan la situación actual del financiamiento universitario y defendiendo una norma que ya fue suspendida por la Justicia.
