Polo Obrero en llamas: Eduardo Belliboni quedó a un paso del juicio oral por extorsión

Las investigaciones revelaron un esquema de extorsión que involucraba a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, quienes debían cumplir con ciertas condiciones impuestas por las unidades de gestión controladas por el Polo Obrero.

• Aportes obligatorios: Los beneficiarios eran obligados a entregar una parte de su subsidio y a participar en marchas organizadas por la agrupación, bajo amenaza de perder el plan.
• Movilizaciones forzadas: Testimonios y mensajes de WhatsApp demostraron que las marchas no eran voluntarias. Se registraron incluso amenazas explícitas hacia quienes no cumplían con estas exigencias.
• Manipulación electoral: La Cámara Federal señaló que, durante las PASO de 2023, se habría exigido a beneficiarios votar por los candidatos del Polo Obrero y enviar fotografías como prueba del sufragio.

Testimonios y arrepentidos en la causa

Una de las piezas clave en la investigación fue el aporte de colaboradores imputados que declararon bajo identidad reservada.

• Declaraciones reveladoras: Uno de los testimonios detalló cómo se organizaban las movilizaciones: “Nos mandaban instructivos con audios diciendo que debíamos convocar a la gente con fuerza, pasando la dirección exacta media hora antes. Si no cumplían, se les advertía que serían perjudicados en futuras recategorizaciones o bajas del plan.”
• Jeremías Cantero, el número dos: Cantero, mano derecha de Belliboni, también enfrenta pedidos de ampliación de procesamiento por su rol en las extorsiones.

Implicaciones políticas y próximas instancias

El procesamiento de Eduardo Belliboni y sus colaboradores no solo expone un posible abuso en el manejo de los planes sociales, sino que también genera repercusiones políticas significativas, especialmente en un contexto donde el gobierno de Javier Milei busca eliminar privilegios y fortalecer la transparencia en el uso de los fondos públicos.

• Rumbo al juicio oral: Con este fallo, la causa podría avanzar hacia un juicio público en 2024, donde se presentarán las pruebas contra los imputados.
• La lupa sobre Emilio Pérsico: La justicia también investiga el posible rol de Emilio Pérsico, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social, acusado de estar involucrado en el esquema desde "ambos lados del mostrador".

Un paso adelante hacia la justicia

El caso de Eduardo Belliboni representa un ejemplo de los desafíos que enfrenta la administración pública para garantizar que los planes sociales lleguen a quienes realmente los necesitan, sin intermediaciones políticas o prácticas coercitivas.

Con el avance hacia un posible juicio oral, se espera que esta causa marque un precedente en la lucha contra el mal manejo de los fondos públicos y el abuso de los sectores más vulnerables.

• Imputaciones principales: Los acusados enfrentan cargos por desviar fondos públicos destinados a planes sociales para fines políticos y por amenazar a beneficiarios para que participaran en movilizaciones.
• Pruebas contundentes: Los jueces consideraron que las acciones de los imputados "sacaron provecho de su posición dominante" y coaccionaron a personas vulnerables bajo amenaza de perder el subsidio social.

Cómo operaba el esquema de extorsión

La causa se originó en diciembre de 2023, cuando se habilitó una línea de denuncias anónimas (134) en el contexto de las primeras movilizaciones contra el gobierno de Javier Milei.